El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos enfrenta cuestionamientos tras el deceso de dos ciudadanos latinoamericanos en Texas y Maine. Las indagatorias preliminares revelan que ninguna de las víctimas mortales era el objetivo original de las movilizaciones de arresto en carretera.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se encuentra bajo escrutinio tras registrarse la muerte de dos migrantes en operativos viales ocurridos con pocos días de diferencia en territorio estadounidense. El primer incidente ocurrió el pasado 7 de julio en la ciudad de Houston, Texas, donde falleció Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano de origen mexicano de 52 años de edad que laboraba en el sector de la construcción; el segundo suceso se reportó seis días después en Biddeford, Maine, cobrando la vida del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, quien contaba con autorización de empleo formal. En ambos casos, las víctimas conducían sus respectivos vehículos particulares cuando fueron interceptadas por los oficiales de control fronterizo, quienes accionaron sus armas de fuego argumentando que los conductores intentaron evadir la detención o pusieron en peligro inminente la integridad física de los agentes desplegados.
Las indagatorias legislativas coordinadas con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron de manera posterior que ninguno de los dos fallecidos era la persona de interés o el objetivo del operativo que realizaban las fuerzas federales en dichos puntos. Las discrepancias en torno a las versiones oficiales del uso de la fuerza han escalado, de manera particular en el caso de Texas, donde los tres acompañantes que viajaban con Salgado Araujo contradijeron la postura de la agencia gubernamental de que la camioneta intentó arrollar a un oficial, señalando en sus testimonios que los disparos ingresaron por los costados del vehículo de carga. Ante estos hechos, la fiscalía del condado de Harris abrió una pesquisa de carácter local, denunciando una falta de cooperación por parte de la dependencia federal para identificar plenamente a los uniformados que participaron de manera directa en la detención vial.
Este repunte de incidentes armados coincide con una reestructuración operativa de la agencia migratoria estadounidense orientada a alcanzar un promedio estándar de 2 mil detenciones diarias, una política que ha incrementado los patrullajes tácticos en vía pública y que acumula 29 incidentes de disparos contra civiles por parte del personal de ICE desde el inicio del año 2025. Organismos internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, han demandado la realización de indagatorias transparentes para deslindar responsabilidades administrativas y penales por los decesos reportados en la vía pública. Paralelamente, la red consular mexicana inició la presentación de denuncias formales ante fiscalías estatales y solicitó la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para documentar las muertes ocurridas en el marco de estos despliegues de contención fronteriza.
