La FGR confirmó que existe una investigación en curso contra el gobernador con licencia de Sinaloa tras una solicitud de extradición de EE. UU., pero aclaró que no cuenta con el sustento probatorio mínimo para proceder penalmente.
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, emitió un pronunciamiento público al cumplirse 69 días de haberse separado formalmente de su cargo constitucional. El político sinaloense reiteró que su decisión de solicitar licencia civil tuvo como objetivo facilitar las investigaciones correspondientes sin la cobertura de su fuero constitucional. Rocha Moya confirmó que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para responder de manera presencial al pliego de preguntas del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, desmintió las versiones periodísticas sobre un supuesto resguardo federal, asegurando que desde el pasado 1 de mayo se ha mantenido de forma ininterrumpida en su domicilio particular en la ciudad de Culiacán.
En paralelo, las autoridades de la FGR revelaron que el exfuncionario se encuentra dentro de un grupo de diez personas bajo investigación, derivado de una solicitud formal de detención provisional con fines de extradición presentada por el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, la representación social de la Federación acotó que, bajo el marco normativo nacional, no se ha integrado el estándar de prueba necesario para ejercitar acción penal en su contra. Rocha Moya calificó los señalamientos de agencias estadounidenses y las publicaciones locales como una embestida mediática impulsada por facciones de ultraderecha, acusando una intención de socavar la soberanía del país y demeritar al movimiento político oficialista.
Por otra parte, la FGR incluyó en su informe institucional un señalamiento directo contra el exembajador estadounidense en México, Ken Salazar, acusándolo de haber faltado a sus responsabilidades diplomáticas y de transgredir los principios de la Convención de Viena y de la Carta de las Naciones Unidas. Lo anterior, luego de que dependencias de seguridad del país del norte admitieran que la captura de Ismael «El Mayo» Zambada fue producto de un despliegue operativo del FBI, contradiciendo declaraciones previas de Salazar que descartaban la intervención de su gobierno. La fiscalía mexicana puntualizó que, debido a los convenios de inmunidad diplomática vigentes, el exdiplomático no puede ser sujeto de un proceso de carácter penal en territorio nacional.
