Un juez penal determinó la responsabilidad del imputado tras un proceso judicial de cinco años; la sentencia definitiva, que se dictará en una audiencia posterior, podría alcanzar la pena máxima de 70 años de prisión.
Un tribunal de enjuiciamiento en el estado de Veracruz declaró culpable a Marlon ‘N’ por el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, una joven de 20 años de edad, resolviendo un proceso penal que se extendió por un lustro. El juzgador determinó que el acervo probatorio presentado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la asesoría jurídica de las víctimas indirectas resultó suficiente para acreditar la plena responsabilidad del acusado. El representante legal de la familia, Ramar Mendoza Díaz, detalló que el siguiente paso procesal será la celebración de la audiencia de individualización de sanciones, donde se fijarán la reparación del daño y los años de reclusión correspondientes bajo los parámetros del Código Penal local.
Los hechos que originaron la causa penal se registraron en abril de 2021, cuando el hoy sentenciado agredió físicamente a la víctima, provocándole fracturas graves en el cráneo y el cuello que derivaron en su deceso tras permanecer internada en el área de terapia intensiva. Durante las etapas del juicio, la defensa técnica del imputado argumentó de manera infructuosa que las lesiones habían sido consecuencia de un hecho accidental, versión que fue desestimada por el juzgador al no contar con sustento técnico. Tras la agresión, Marlon ‘N’ evadió la acción de la justicia por más de un año, entregándose finalmente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en junio de 2022, posterior a la detención de sus padres por presunto encubrimiento.
La resolución judicial fue recibida por Cecilia Roldán, madre de la víctima, como un acto de justicia y un cierre al reclamo social que la familia abanderó activamente en la entidad. Cabe destacar que la movilización civil en torno a este expediente impulsó en el Congreso del Estado la creación y aprobación de la denominada «Ley Monse», una reforma legislativa diseñada para sancionar penalmente a las redes familiares y de amistad que encubran de manera deliberada a presuntos perpetradores de feminicidio.
