La justicia federal concedió una protección jurídica provisional con efectos restitutorios a más de cien familias de origen Tének tras el operativo desplegado en el predio La Peña.
Un tribunal federal otorgó un amparo restitutorio provisional, bajo el Recurso de Queja 195/2026, a más de cien familias indígenas de la etnia Tének que habían sido desalojadas del predio La Peña, ubicado en el municipio de Tampamolón Corona, San Luis Potosí. La resolución judicial mandata la restitución inmediata de la posesión de las 200 hectáreas a los comuneros en las mismas condiciones previas al operativo del pasado 9 de junio, mientras los magistrados analizan a fondo el litigio de propiedad. El desalojo original de los pobladores —quienes han habitado y cultivado dichas tierras por más de tres décadas— se ejecutó mediante el uso de la fuerza pública a escasos metros de la cabecera municipal en la región de la Huasteca Potosina.
Los antecedentes del terreno se remontan a la década de los ochenta, cuando los antiguos propietarios del rancho La Peña contrajeron una deuda hipotecaria con la institución bancaria Bancomer, derivando en un juicio mercantil que traspasó los derechos del suelo a la firma financiera sin que los trabajadores agrícolas recibieran liquidaciones o indemnizaciones laborales. A partir de ese momento, los jornaleros mantuvieron la ocupación pacífica del predio e iniciaron gestiones institucionales ante la Secretaría de la Reforma Agraria para la constitución de un ejido, trámites que quedaron truncados tras las reformas constitucionales al artículo 27 en el año 1992 y por posteriores adecuaciones normativas federales que dificultaron la regularización del asentamiento.
La representación de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) denunció que el operativo violento del mes pasado interrumpió de forma unilateral las mesas de negociación que se mantenían con la Secretaría General de Gobierno local y dependencias federales como la Sedatu y la Procuraduría Agraria. La organización campesina señaló que la ubicación estratégica de las 200 hectáreas ha despertado intereses comerciales para el desarrollo de proyectos urbanísticos privados en la zona. Ante este escenario, la defensa legal de la comunidad anunció que mantendrá los procesos correspondientes para hacer valer la figura de prescripción positiva y los derechos históricos de los pueblos originarios sobre el territorio.
