La gobernadora Michelle Lujan Grisham evalúa exigir compensaciones civiles multimillonarias tras revelarse que agentes federales permitieron la distribución de narcóticos para armar casos penales complejos.
La gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham calificó la estrategia de la Administración para el Control de Drogas como un fracaso asombroso del gobierno federal, señalando que la retención de las incautaciones se realizó con el objetivo de armar casos penales de mayor envergadura entre los años 2023 y 2025. Ante esta situación, la mandataria estatal se comprometió a llevar la inconformidad formal ante el Congreso y la Casa Blanca para asegurar que estas tácticas policiales no se repliquen en ninguna otra región del país.
La controversia escaló luego de que una investigación periodística sacara a la luz los testimonios de agentes en activo y exmiembros de la corporación, entre ellos el denunciante David Howell, quienes afirmaron que monitorear el fentanilo sin decomisarlo violó las normas internas del Departamento de Justicia diseñadas para proteger a los ciudadanos. Aunque la DEA negó inicialmente los señalamientos de omisión en el marco de su campaña pública de concientización, la dependencia federal procedió a solicitar una investigación interna a su propio órgano de supervisión independiente.
Por su parte, la Fiscalía General de Nuevo México inició una indagatoria criminal orientada a determinar si las autoridades federales vulneraron las leyes locales al permitir que cientos de miles de pastillas de esta sustancia sintética llegaran a las calles de comunidades que actualmente registran un incremento en los índices de sobredosis. El gobierno local mantiene bajo análisis la ruta legal aplicable bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios para formalizar la petición de indemnizaciones por daños civiles.
