El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos determinó traspasar o vender los inmuebles adquiridos por 700 millones de dólares ante complicaciones logísticas, presupuestales y judiciales.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo de forma parcial el proyecto de ampliación de infraestructura carcelaria que contemplaba la habilitación de 24 nuevas estaciones migratorias en territorio estadounidense. La gestión del actual secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, optó por desincorporar siete de los 11 complejos logísticos comprados originalmente durante la administración federal, modificando la estrategia de confinamiento masivo hacia un modelo de control de menor perfil público tras enfrentar el rechazo de comunidades locales y legisladores de diversas facciones políticas.
Los informes de la inspección general revelaron que la ejecución del plan enfrentó severos obstáculos financieros, con costos unitarios que superaron los 145 millones de dólares por instalación sin contabilizar las remodelaciones estructurales necesarias para el resguardo de personas. Asimismo, las organizaciones civiles y los gobiernos estatales promovieron recursos legales basados en regulaciones ambientales federales, exigiendo auditorías detalladas sobre el impacto de los proyectos en los servicios públicos, lo que provocó la paralización de las obras en las cortes de distrito.
La cancelación del centro proyectado en Roxbury, Nueva Jersey, formalizó el cierre definitivo de uno de los puntos con mayor litigio bilateral entre el estado y la federación. La disposición final de los siete inmuebles recuperados se gestionará a través de transferencias de activos hacia otras dependencias del gobierno federal o mediante subastas públicas coordinadas por la Administración de Servicios Generales, mientras el organismo migratorio reestructura los mecanismos de control fronterizo en apego a las capacidades burocráticas vigentes.
