La Cámara Alta validó los cambios constitucionales que extienden el plazo para la jornada electiva de jueces y facultan la reelección de los actuales magistrados del Tribunal Electoral federal.
El Senado de la República aprobó en lo general, con una votación de 87 sufragios a favor y 40 en contra, el dictamen que modifica diversos artículos constitucionales en materia del Poder Judicial. La resolución formal establece que la elección extraordinaria de ministros, magistrados y jueces se postergará hasta el mes de junio de 2028, al tiempo que avala la posibilidad de reelección por un periodo adicional de seis años para los actuales integrantes del pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Asimismo, la estructura operativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sufrirá modificaciones para transitar hacia un esquema de trabajo dividido en dos secciones fijas, cuyas determinaciones e instructivos legales quedarán supeditados a la ratificación final del pleno.
La reforma aprobada contempla una reducción en los periodos de encargo para los juzgadores que resulten seleccionados en las urnas durante la jornada de 2028, fijando su gestión en ocho años en lugar de los nueve que se encontraban estipulados originalmente en el marco normativo previo. Durante el desarrollo de la sesión plenaria, los bloques legislativos de la oposición manifestaron su rechazo al proyecto argumentando que las adiciones técnicas incrementan la politización del sistema de impartición de justicia y vulneran los principios de independencia institucional de los tribunales encargados de calificar los procesos electorales. Representantes de las bancadas minoritarias señalaron que el ajuste integral responde a un criterio de centralización operativa y control de los órganos jurisdiccionales superiores.
Tras la declaración de la aprobación en lo general, el pleno de la Cámara de Senadores inició el desahogo de las reservas y modificaciones particulares presentadas por las diversas fuerzas políticas. Las comisiones dictaminadoras informaron que el decreto aprobado será remitido a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes una vez que concluya la discusión del articulado específico. Los operadores parlamentarios proyectan que el documento final mantenga los términos técnicos aprobados por la mayoría calificada, consolidando el nuevo calendario de transición y organización presupuestal para los comicios judiciales previstos hacia el cierre de la presente década.
