El Departamento de Estado oficializó la inclusión de las dos mayores organizaciones criminales de Brasil en su lista de agrupaciones terroristas extranjeras para restringir sus operaciones.
La administración estadounidense argumentó que la medida, con entrada en vigor el 5 de junio de 2026, responde a la violencia ejercida por ambas bandas mediante ataques dirigidos contra corporaciones policiales, servidores públicos y la población civil en territorio sudamericano. El anuncio formal se concretó tras una reunión en la Casa Blanca donde el senador y candidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, solicitó directamente al mandatario Donald Trump catalogar a estas estructuras bajo la etiqueta de «narcoterroristas». La disposición técnica busca activar los mecanismos de cooperación internacional para congelar activos financieros, restringir la movilidad geográfica de sus integrantes y desarticular sus redes de apoyo logístico fuera de Brasil.
La resolución incide de manera directa en el panorama político de Brasil, donde Flávio Bolsonaro compite de cara a los comicios presidenciales de octubre de 2026 bajo una plataforma electoral de línea dura contra el crimen organizado que controla sectores del sistema penitenciario y urbano desde la década de 1970. En contraste, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su rechazo a la declaratoria argumentando que este tipo de catalogaciones unilaterales debilita la soberanía nacional y podría ser utilizado para justificar intervenciones operativas o militares por parte de agencias extranjeras en territorio amazónico. Las estimaciones de las agencias de inteligencia señalan que ambas bandas sudamericanas agrupan a decenas de miles de miembros operativos en la región.
Con esta resolución, el gobierno de los Estados Unidos homologa el estatus del Comando Vermelho y del Primeiro Comando da Capital con el de otras organizaciones criminales que ya han sido objeto de sanciones financieras y designaciones de terrorismo en el continente, tales como los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua. Las medidas administrativas aplicadas por el Departamento de Estado buscan limitar la capacidad de expansión de estos grupos hacia los mercados norteamericanos. El seguimiento de los flujos de capitales y el bloqueo de propiedades vinculadas a sus liderazgos formarán parte de los protocolos de control fronterizo coordinados entre las agencias de seguridad involucradas.
