La sentencia contra su asistente personal, Kenneth Iwamasa, cierra un caso emblemático coordinado por agencias federales que fijó un precedente en la rendición de cuentas por el suministro ilegal de medicamentos recetados.
El litigio penal derivado del fallecimiento de la estrella de la serie Friends —ocurrido el 28 de octubre de 2023— finaliza formalmente este miércoles 27 de mayo de 2026 con la comparecencia de Iwamasa ante la jueza de distrito Sherilyn Peace Garnett. La fiscalía federal estadounidense recomendó una pena reducida de 41 meses de prisión para el empleado de 60 años, debido a que su declaración de culpabilidad y posterior colaboración como testigo principal permitieron desmantelar un entramado criminal en Hollywood que involucró a médicos titulados, intermediarios y distribuidores de narcóticos.
Los trabajos de inteligencia de la DEA, la Policía de Los Ángeles y el Servicio de Inspección Postal revelaron que la red operaba bajo un esquema de lucro que facilitó más de 50 viales de anestésico al actor en sus últimas semanas de vida. Gracias al testimonio de Iwamasa, las autoridades judiciales obtuvieron sentencias condenatorias previas contra los principales implicados: la proveedora Jasveen Sangha, conocida como «la reina de la ketamina», recibió 15 años de cárcel; el intermediario Erik Fleming fue condenado a 24 meses; mientras que los médicos Mark Chavez y Salvador Plasencia recibieron ocho meses de arresto domiciliario y 30 meses de prisión federal, respectivamente, perdiendo además sus licencias profesionales.
Durante la audiencia de mitigación, la defensa del asistente argumentó que este se vio incapacitado para negarse a las exigencias del actor debido a la naturaleza de la adicción de Perry, justificación que fue rechazada formalmente por la familia de la víctima. Suzanne Morrison, madre del intérprete, remitió una carta al tribunal denunciando que el trabajador vulneró la confianza de su hijo al actuar como facilitador del consumo en lugar de salvaguardar su integridad, una postura que secundaron los fiscales al señalar que el caso envía un mensaje punitivo claro a nivel nacional contra quienes lucran con la vulnerabilidad de pacientes con consumos problemáticos de sustancias.
