La organización internacional documentó que los ciudadanos isleños representan más de un tercio de las expulsiones de terceros países hacia territorio mexicano, enfrentando condiciones de desprotección jurídica y sanitaria.
Human Rights Watch (HRW) publicó un informe donde revela que la administración de Donald Trump expulsó a al menos 4,353 ciudadanos cubanos hacia México entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026. Esta cifra equivale a más de la tercera parte de los cerca de 13 mil migrantes no mexicanos que las autoridades estadounidenses han retornado formalmente a territorio nacional. La organización civil denunció que estas acciones se ejecutan al amparo de un acuerdo bilateral no publicitado entre ambos gobiernos, el cual ha provocado un incremento drástico en el flujo de deportaciones en comparación con la gestión de Joe Biden, que promediaba menos de 100 retornos mensuales de esta nacionalidad frente a los más de 500 registrados en la actualidad.
El reporte técnico de la ONG internacional señala que el proceso de expulsión implementado por las agencias estadounidenses vulnera de manera sistemática el derecho al debido proceso. De acuerdo con los testimonios recabados por la organización, los migrantes —muchos de los cuales contaban con un historial de residencia de años o décadas en estados como Florida tras huir del régimen isleño— son transferidos a la frontera mexicana sin sus pertenencias personales, recursos económicos ni documentación oficial. Asimismo, la investigación expone la existencia de abusos físicos y condiciones insalubres dentro de las estaciones migratorias de los Estados Unidos previas al traslado.
A su llegada a las entidades de la frontera sur de México, principalmente Chiapas y Tabasco, los ciudadanos cubanos quedan en una situación de vulnerabilidad estructural y abandono. HRW enfatizó que, fuera del sistema de refugio convencional, el Estado mexicano carece de mecanismos ágiles para otorgarles un estatus legal duradero o permisos de trabajo formales, lo que impide su acceso a la vivienda y a servicios de salud esenciales. Esta parálisis administrativa expone de forma directa a la población deportada a la explotación económica y al reclutamiento forzado por parte de las organizaciones criminales que operan en las regiones con mayores índices de violencia del país.
