Las autoridades judiciales de ambos estados abrieron una indagatoria formal contra el organismo deportivo tras recibir denuncias de aficionados sobre la manipulación de precios y cambios arbitrarios en la asignación de asientos para los partidos del Mundial 2026.
Las fiscales generales Letitia James, de Nueva York, y Jennifer Davenport, de Nueva Jersey, emitieron un comunicado conjunto informando el requerimiento de documentación oficial a la FIFA. La investigación, que cuenta con el respaldo del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador de la ciudad de Nueva York, se originó a raíz de múltiples reportes de prensa y quejas ciudadanas que acusan un esquema de comercialización presuntamente diseñado para «engañar» a los compradores e «inflar» los costos de las entradas en el MetLife Stadium, sede que albergará ocho encuentros del torneo, incluyendo la gran final.
De acuerdo con las líneas de investigación penal y administrativa, el organismo rector del fútbol internacional modificó las categorías de las gradas después de haber iniciado la venta de boletos, con el propósito de crear zonas VIP artificialmente más caras. Este ajuste provocó que los usuarios que adquirieron sus accesos de manera anticipada fueran relegados a ubicaciones menos favorables —como las zonas detrás de las porterías o en las partes altas del estadio— para dar preferencia a los sectores de mayor costo, incurriendo además en incumplimientos de contrato al entregar categorías inferiores a las pagadas.
El escrutinio judicial también se centrará en el modelo de «precio variable» implementado por la FIFA, el cual ha llevado el costo promedio de las entradas en dicha sede a los 2,790 dólares, según registros de la plataforma especializada SeatPick.com. Las Fiscalías determinarán si el calendario de lanzamiento de boletos por fases y las declaraciones públicas de la institución configuraron una estrategia deliberada de manipulación de mercado y explotación financiera contra los residentes y turistas, comprometiéndose a aplicar sanciones severas en caso de acreditarse violaciones a las leyes de protección al consumidor de ambos estados.
