La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral señaló que la función del organismo es estrictamente administrativa y electoral, por lo que las tareas de fiscalización penal e inteligencia corresponden a las autoridades judiciales.
La funcionaria federal fijó la postura institucional ante la propuesta de reforma que busca crear una comisión permanente dentro del instituto para verificar la integridad de las y los aspirantes a cargos de elección popular. Taddei Zavala advirtió que obligar al órgano electoral a juzgar o determinar la probidad de una persona por cuenta propia colocaría a la autoridad en el centro de la disputa política, lo que vulneraría su papel neutral e imparcial ante las diversas fuerzas partidistas.
Durante su mensaje a los medios de comunicación, la presidenta aclaró que, de aprobarse la legislación, el instituto acatará el mandato con responsabilidad, siempre y cuando las nuevas facultades normativas no conviertan al INE en juez y parte de las contiendas. Asimismo, puntualizó que la validación de antecedentes y la persecución de posibles vínculos con actividades ilícitas son competencia exclusiva de las instancias de procuración de justicia, seguridad pública y centros de inteligencia del Estado mexicano.
La propuesta analizada también prevé modificaciones legales en materia de causales de nulidad de los comicios, específicamente ante la eventual detección y comprobación de financiamiento con recursos de carácter extranjero. Sobre este rubro, la consejera presidenta explicó que dicha reforma forzaría al instituto a desarrollar nuevos lineamientos, directrices y mecanismos de fiscalización para sancionar la intervención de dinero foráneo en los procesos democráticos nacionales.
Finalmente, el pronunciamiento institucional reiteró la necesidad de mantener una estricta separación de funciones entre los esquemas de organización comicial y las tareas ministeriales para preservar la confianza de la ciudadanía. El desglose de la iniciativa presidencial continuará bajo revisión en las comisiones legislativas correspondientes para delimitar con claridad las obligaciones de cada una de las dependencias gubernamentales involucradas.
