Inmigrantes recluidos en el centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, iniciaron una huelga de hambre y laboral para denunciar condiciones precarias y exigir la liberación de personas vulnerables.
La protesta civil comenzó tras la difusión de una carta firmada por aproximadamente 300 internos de la instalación operada por una empresa privada, quienes demandan la excarcelación de enfermos, adultos mayores y menores de edad debido a la falta de asistencia médica, mala alimentación y maltratos institucionales. El conflicto escaló en el exterior del recinto con manifestaciones de familiares y activistas, quienes bloquearon los accesos vehiculares para impedir presuntos traslados forzados de los líderes del movimiento, lo que derivó en enfrentamientos con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que utilizaron gas lacrimógeno y fuerza física.
Legisladores federales como los senadores Andrew Kim y Cory Booker, junto a los representantes Ana Lilia Mejía, Rob Menéndez y LaMonica McIver, ingresaron a las instalaciones en su calidad de inspectores y constataron la reclusión de personas sin antecedentes criminales, incluyendo una madre separada de su lactante y una estudiante. Ante el panorama observado, los parlamentarios y la gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, exigieron la clausura inmediata de Delaney Hall y criticaron el uso de corporaciones privadas para la gestión migratoria, ordenando además la restricción de la cooperación estatal con los agentes federales.
Por su parte, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional rechazaron formalmente la existencia de la huelga de hambre e indicaron que los centros de detención operan bajo estrictos estándares de bienestar, catalogando las movilizaciones como estrategias de actores políticos para la recaudación de fondos. No obstante, organizaciones de derechos civiles extendieron las denuncias a otras instalaciones fronterizas en Texas, Florida y Luisiana, donde activistas locales continúan documentando presuntas fallas en el suministro de alimentos y violaciones a los derechos humanos de la población migrante.
