La defensa legal de la cantante colombiana consideró mínimas las posibilidades de éxito de la Agencia Tributaria tras el fallo judicial que ordena la devolución de 60 millones de euros a favor de la artista.
El letrado José Luis Prada precisó en una entrevista televisiva que la intención del fisco español de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo constituye una acción previsible dentro de los canales institucionales del Estado. No obstante, el litigante puntualizó que la resolución de la Audiencia Nacional resulta sólida al fundamentar de forma inequívoca que la intérprete no cumplió con el criterio de permanencia de 183 días en territorio español durante el ejercicio fiscal 2011. Las bitácoras de la defensa acreditaron que la ciudadana se encontraba en el desarrollo de una gira musical internacional, lo que imposibilita catalogarla como residente fiscal en dicha nación.
La resolución del tribunal de alzada incluyó la imposición del pago de costas procesales a la administración fiscal, una determinación calificada por los especialistas como poco frecuente en litigios de esta naturaleza económica. El abogado defensor expuso que dicha medida evidencia la carencia de sustento jurídico por parte del fisco para aperturar y prolongar las etapas del procedimiento administrativo. En contraste con el caso cerrado de los periodos 2012 a 2014, donde la artista optó por una conformidad y el pago de una multa de siete millones de euros por motivos estrictamente personales, la estrategia actual se mantendrá en los tribunales.
El equipo legal de la contribuyente mantendrá el seguimiento técnico del expediente ante los requerimientos de la Abogacía del Estado en las instancias superiores. El proceso civil concluyó que las normativas impositivas locales obligan al entero de las cantidades reclamadas de forma previa antes de poder acceder a las fases de apelación en los tribunales correspondientes. Los plazos para el cumplimiento de la devolución del capital y las resoluciones incidentales del Tribunal Supremo serán integrados a los registros financieros del caso conforme concluyan los plazos de interposición de recursos.
