El Congreso de México prevé discutir y dictaminar de manera urgente una iniciativa de reforma constitucional para posponer hasta el año 2028 los comicios de jueces y magistrados.
El líder de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que la Comisión Permanente definirá el próximo jueves 21 de mayo la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones. De acuerdo con el calendario legislativo previsto, la propuesta será analizada en comisiones para posteriormente ser sometida a votación ante el pleno. El diseño de este plan de trabajo busca que el dictamen sea remitido de forma inmediata al Senado de la República y a los congresos locales con el fin de obtener la ratificación de la mayoría de los estados antes de que concluya el mes.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea trasladar las elecciones del Poder Judicial que originalmente debían concurrir con los comicios federales, legislativos y locales de 17 estados. La modificación legal responde a los señalamientos de complejidad técnica registrados durante la primera jornada de votación popular judicial, donde se observaron dificultades en el manejo de boletas debido al alto número de candidaturas y un índice de participación cercano al trece por ciento. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que esta discusión representa un espacio institucional para subsanar los errores operativos y optimizar las bases del modelo.
El proyecto de modificación constitucional contempla también una reestructuración interna en los listados electorales que incluye la reducción de aspirantes y la simplificación de las papeletas para evitar la distribución de guías de apoyo al voto en las casillas. Las modificaciones operativas impactarán de forma directa la renovación de 463 magistraturas de circuito, 385 juzgados de distrito y más de dos mil cargos del fuero común en las entidades federativas. Las comisiones dictaminadoras fundamentarán los plazos de aprobación con base en el límite legal que restringe las modificaciones en materia electoral antes del inicio del proceso federal.
