La Audiencia Nacional anuló las liquidaciones y sanciones impuestas a la cantante colombiana correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, al determinar que la Agencia Tributaria no acreditó su residencia legal en el país durante ese periodo.
El tribunal resolvió el recurso promovido por la artista en la vía administrativa contra las resoluciones previas de la Agencia Tributaria y del Tribunal Económico Administrativo Central. La sentencia establece que la administración pública no logró probar que la intérprete permaneciera en territorio español más de 183 días durante 2011, requisito indispensable que fija la normativa local para exigir la tributación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio a ciudadanos extranjeros. Los magistrados detallaron que la estancia real de la cantante fue de 163 días y desestimaron los argumentos fiscales que pretendían vincular su domicilio al país por motivos sentimentales con el exfutbolista Gerard Piqué, aclarando que en ese año no existía un vínculo conyugal ni hijos menores en común que constituyeran un núcleo familiar con efectos legales.
La resolución anula una reclamación inicial de algo más de 55 millones de euros; sin embargo, el equipo financiero y jurídico de la artista calcula que el monto total a restituir por parte del Estado superará los 60 millones de euros tras incorporar los intereses devengados y el pago de las costas judiciales originadas por el litigio. Los representantes legales de la cantante, a través de la firma Llorente y Cuenca, emitieron un comunicado señalando que con este fallo se da por concluida la última reclamación económica de envergadura que la intérprete tenía abierta en España, luego de ocho años de controversias institucionales con el fisco.
Por su parte, fuentes de la Agencia Tributaria precisaron que el fallo de la Audiencia Nacional aún admite recurso de casación, por lo que confirmaron que la resolución será impugnada formalmente ante el Tribunal Supremo para una revisión definitiva. Asimismo, las autoridades fiscales recordaron que este caso administrativo es independiente de los procesos penales anteriores, haciendo referencia al acuerdo de conformidad de 2024 donde la artista aceptó una multa de 7.8 millones de euros por fraude cometido entre los años 2012 y 2014, así como al reciente archivo de una causa penal secundaria vinculada al ejercicio de 2018.
