La Fiscalía General de la República (FGR) inició una indagatoria formal para determinar si las autoridades de Chihuahua vulneraron la soberanía nacional al permitir la participación de agentes extranjeros en operativos locales.
La investigación federal se centra en resolver si la Fiscalía de Chihuahua invadió atribuciones exclusivas de la Federación al ejecutar un operativo contra un laboratorio de drogas sintéticas en el municipio de Morelos. Según el marco normativo de la Ley General de Salud, la persecución de delitos relacionados con la delincuencia organizada y la producción de sustancias ilegales compete únicamente a las instancias federales. La FGR subrayó que las entidades federativas tienen prohibido establecer alianzas o coaliciones con gobiernos extranjeros, por lo que la presunta colaboración de agentes de la CIA con fuerzas estatales podría representar una infracción directa al diseño constitucional de seguridad nacional.
El caso tomó relevancia tras confirmarse irregularidades en el manejo de la escena, donde el personal ministerial federal no recibió la cadena de custodia ni los indicios de parte de las autoridades locales al momento de intervenir el sitio. La controversia escaló a nivel diplomático luego de que el Gobierno de México enviara una nota a Estados Unidos tras un accidente vial el 19 de abril, en el que fallecieron dos supuestos agentes estadounidenses y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. La administración federal ha reiterado que no existía conocimiento previo sobre la participación de personal extranjero en labores de campo, lo que motivó el respaldo presidencial a las pesquisas que realiza la FGR.
Actualmente, las fuerzas federales mantienen bajo resguardo la instalación clandestina mientras concluyen los peritajes y el proceso de destrucción de los materiales encontrados. La FGR continuará con la toma de testimonios de servidores públicos involucrados para esclarecer quién autorizó la integración de agentes externos al convoy oficial y determinar las responsabilidades legales correspondientes. El resultado de estas indagatorias será determinante para definir si hubo una violación a la Ley de Seguridad Nacional y a los convenios de colaboración internacional que rigen la presencia de personal diplomático y de inteligencia en territorio mexicano.
Las carpetas de investigación siguen abiertas y se espera que la Fiscalía General de la República emita nuevas determinaciones conforme se analicen las pruebas recabadas sobre la actuación de la fiscalía estatal en los hechos.
