El polémico centro de detención de migrantes ubicado en los Everglades de Florida, conocido como ‘Alligator Alcatraz’, cesará sus operaciones en junio próximo. De acuerdo con informes de The New York Times, el gobierno estatal ha decidido clausurar la instalación debido a que sus costos operativos resultan insostenibles sin el apoyo financiero de Washington.
Inaugurado en julio de 2025, el centro se convirtió en un símbolo de las tensiones presupuestarias entre el estado y el gobierno federal. A menos de un año de su apertura, la administración de Florida no ha recibido el reembolso de 608 millones de dólares solicitados para cubrir su operación, la cual demanda un gasto diario de un millón de dólares.
Cronología del cierre y logística de traslado
El desmantelamiento de la infraestructura se llevará a cabo de manera gradual tras el movimiento de la población actual:
- Junio 2026: Inicio del traslado de los aproximadamente 1,400 detenidos que aún permanecen en el sitio.
- Semanas posteriores: Desmantelamiento total de las instalaciones físicas.
- Capacidad ociosa: El centro, diseñado para albergar hasta 5,000 personas, opera actualmente a menos de un tercio de su capacidad, lo que acelera el déficit financiero.
Desde su construcción, ‘Alligator Alcatraz’ enfrentó una férrea oposición debido a su ubicación en el ecosistema protegido de los Everglades. Las disputas judiciales no solo se centraron en el impacto ecológico, sino también en denuncias persistentes sobre condiciones de insalubridad y el trato a los detenidos, factores que aumentaron la presión política sobre el proyecto.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló que, aunque no ha habido una comunicación formal de cierre por parte del Ejecutivo federal, el cese en el envío de nuevos detenidos hace inevitable la clausura. No obstante, DeSantis aclaró que el estado mantendrá operativa la instalación ‘Deportation Depot’, ubicada en el norte de Florida, la cual continuará recibiendo migrantes independientemente del destino de la unidad de los Everglades.
Con esta decisión, Florida busca frenar el impacto económico sobre su hacienda pública, mientras el debate sobre la gestión migratoria y la responsabilidad financiera compartida continúa siendo un punto de fricción clave con la administración de Donald Trump.
