CIUDAD DE MÉXICO.- La ambiciosa iniciativa presidencial para establecer un Sistema Universal de Salud (SUS) en México enfrenta sus primeras turbulencias. A pesar de ser vista como una medida necesaria, han surgido serias advertencias sobre «fallas estructurales» en su diseño, un proyecto liderado por el subsecretario Eduardo Clark de la Secretaría de Salud. Esta situación ha generado una creciente polémica sobre si el plan podrá cumplir sus promesas de cobertura para todos los mexicanos.
Un Diseño Bajo la Lupa
Expertos y analistas del sector coinciden en que la intención de crear un sistema unificado de salud es oportuna y responde a una demanda histórica. Sin embargo, las críticas más agudas se centran en la ejecución y el diseño técnico del plan. Se señala que el modelo actual presenta debilidades estructurales que podrían comprometer su operatividad desde el inicio, poniendo en duda su capacidad para sostenerse y ser verdaderamente eficaz a largo plazo.
¿Impulsar o Garantizar? El Dilema del Acceso
El núcleo de la controversia radica en un matiz que podría cambiarlo todo: la estrategia del gobierno parece enfocarse en “impulsar” el acceso a la salud, en lugar de “garantizarlo” como un derecho inalienable. Esta distinción es fundamental, pues sugiere una postura menos comprometida por parte de las autoridades, lo que podría traducirse en una cobertura desigual o insuficiente para millones de personas que dependen del sistema público.
Riesgos y Consecuencias del Plan
La negativa a considerar rutas alternativas y corregir estas fallas de diseño podría traer consecuencias críticas. Los beneficios de acceso universal, equidad y atención de calidad, que han sido ampliamente proclamados por el gobierno como pilares de la reforma, quedarían seriamente comprometidos. El riesgo es que, en la práctica, el nuevo sistema no logre cerrar las brechas de atención existentes e incluso genere nuevos problemas.
La principal preocupación en el sector es que, si no se realizan ajustes significativos, la iniciativa termine por ser contraproducente. El debate ahora se centra en si el modelo del subsecretario Clark podrá resistir el escrutinio público y, más importante aún, evitar una ola de conflictos legales, como los amparos que podrían interponer derechohabientes de instituciones como el Issste, quienes verían sus derechos de salud en una situación de incertidumbre.
