CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió de manera contundente a los señalamientos de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien desató una polémica al denunciar un trato desigual. La mandataria estatal acusó una presunta persecución política en su contra por realizar operativos contra el narcotráfico, en un fuerte contraste con la supuesta protección que recibe el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La Acusación de la Gobernadora de Chihuahua
La controversia estalló tras las declaraciones de la gobernadora chihuahuense, quien públicamente afirmó que mientras su administración enfrenta consecuencias directas por combatir al crimen organizado, otros mandatarios, como Rubén Rocha Moya de Sinaloa, parecen recibir un trato preferencial y protector por parte de las autoridades federales. Esta queja apunta a una aparente falta de equidad en la aplicación de la ley y en la estrategia de seguridad nacional.
Respuesta Presidencial: ‘No hay Persecución sin Pruebas’
Frente a estos dichos, la presidenta Sheinbaum fue tajante al rechazar las afirmaciones. Subrayó que en su gobierno no se inician investigaciones ni se persigue a nadie por motivaciones políticas o por capricho. La postura oficial es que cualquier acción legal debe estar sólidamente fundamentada en pruebas concretas y no en suposiciones o declaraciones mediáticas que buscan generar ruido político.
Tensiones en la Estrategia de Seguridad
Este duro intercambio de declaraciones pone de relieve las tensiones que persisten en la coordinación de estrategias de seguridad entre el gobierno federal y algunas entidades federativas. La lucha contra el narcotráfico sigue siendo un tema crítico y de alta sensibilidad en la agenda nacional, generando constantes debates sobre la efectividad y, sobre todo, la imparcialidad de los operativos implementados en las diferentes regiones del país.
Por el momento, la Presidencia de la República mantiene firme su postura de que no existe ninguna persecución dirigida contra la gobernadora de Chihuahua. Las autoridades federales han insistido en que todas las investigaciones se basan estrictamente en elementos de prueba y se llevan a cabo conforme a la ley, desestimando así por completo la queja de un trato desigual entre los mandatarios estatales del país.
