LA PAZ, BCS.- Una fuerte polémica ha estallado en Baja California Sur tras la propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal de recortar el ciclo escolar 2024-2025. La medida, impulsada por la titular Alicia Meza Osuna, busca adelantar el fin de clases para facilitar la organización de un torneo internacional de voleibol, generando un rechazo crítico de padres de familia y especialistas en educación.
Un Torneo por Encima de las Aulas
La controversial propuesta busca que el ciclo escolar finalice el 3 de julio de 2025, en lugar del 16 de julio como marca el calendario nacional. Esto reduciría los días de clase de 190 a solo 180, una decisión justificada por la celebración del Campeonato Continental de Voleibol Varonil Sub-21 NORCECA, que tendrá a La Paz como sede del 9 al 17 de junio del próximo año.
Argumentos Oficiales y la Ley en la Mira
Según la secretaria Alicia Meza Osuna, los últimos días del ciclo suelen dedicarse a actividades administrativas y festivales, no a clases efectivas. Además, argumentó que se necesitarán planteles educativos para hospedar a los atletas. Sin embargo, especialistas como Patricia Ganem han calificado la medida de «muy grave» e ilegal, recordando que la Ley General de Educación establece un mínimo de 185 y un máximo de 200 días lectivos.
Padres de Familia Levantan la Voz
La Unión Estatal de Padres de Familia, a través de su presidente Oscar Montaño, rechazó categóricamente la propuesta. «La educación no puede sacrificarse por un evento deportivo», sentenció, calificando la decisión como una improvisación que atenta directamente contra el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes en el estado. Exigen que se respete el calendario y se priorice el aprendizaje sobre cualquier otro evento.
Por ahora, la propuesta se mantiene en análisis y aún no ha sido aprobada formalmente. La decisión final recaerá en el Consejo Estatal de Educación, que deberá evaluar el impacto de la medida y la legalidad de la misma. Mientras tanto, se espera una postura oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo silencio ha sido notorio.
