CULIACÁN.- Una grave crisis económica golpea a Sinaloa, impulsada por una peligrosa combinación de violencia, inestabilidad política y un marcado deterioro institucional. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad ha encendido las alarmas, revelando que esta situación ya ha costado la pérdida de aproximadamente 20,000 empleos, afectando directamente a miles de familias sinaloenses.
Un Clima de Negocios Bajo Fuego
Los recurrentes episodios de violencia que han sacudido al estado no solo generan temor en la población, sino que han envenenado el ambiente para la inversión. La confianza empresarial, pilar fundamental para el crecimiento, se ha visto seriamente mermada. Emprender o mantener un negocio se ha convertido en un desafío mayúsculo ante un panorama de incertidumbre que parece no tener fin.
Tragedia Laboral: 20,000 Familias Afectadas
La cifra más dolorosa de esta crisis la aporta Coparmex Sinaloa: se han perdido cerca de 20,000 empleos formales. Este número no es solo una estadística, representa una verdadera tragedia para miles de hogares que han visto desaparecer su principal sustento. La pérdida de poder adquisitivo y la falta de oportunidades laborales amenazan con profundizar las brechas sociales en la región.
Finanzas Públicas e Instituciones Debilitadas
El problema no se limita al sector privado. La crisis política y la violencia también han debilitado las finanzas públicas del estado, limitando la capacidad del gobierno para ofrecer servicios básicos y ejecutar proyectos de infraestructura. Este deterioro institucional agrava la percepción de desgobierno y aleja aún más las posibilidades de una pronta recuperación económica, creando un círculo vicioso difícil de romper.
Por ahora, la economía de Sinaloa permanece en estado crítico, a la espera de estrategias contundentes que restauren la paz y el estado de derecho. El llamado del sector empresarial es claro y urgente: sin seguridad y certidumbre jurídica, será imposible detener la hemorragia de empleos y sentar las bases para que el estado recupere su potencial productivo y su estabilidad social.
