Cientos de ciudadanos se movilizaron en diversas ciudades de Venezuela y en más de 150 localidades del mundo para demandar la libertad de las personas detenidas por motivos políticos, atendiendo al llamado de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.
En Caracas, la concentración principal tuvo lugar frente a «El Helicoide», sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Familiares, activistas y defensores de derechos humanos denunciaron que este recinto opera como un centro de reclusión y tortura, señalando que no puede haber una verdadera reconciliación nacional mientras persistan estas condiciones. Organizaciones no gubernamentales recordaron que familias de los detenidos cumplen ya cuatro meses en vigilia permanente a las afueras de los centros penitenciarios, a la espera de las excarcelaciones prometidas por las autoridades a principios de año.
En el interior del país, las protestas también fueron significativas; en Maracaibo, representantes del partido Vente Venezuela calificaron de criminalización del pensamiento el arresto de opositores y abogaron por una transición democrática mediante elecciones libres. Por su parte, activistas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos alertaron que las políticas de persecución se mantienen vigentes bajo la administración de Delcy Rodríguez, a pesar de los intentos del gobierno por priorizar la agenda económica sobre la crisis política y electoral que atraviesa la nación.
De acuerdo con cifras de la ONG Foro Penal, actualmente existen 454 presos políticos en Venezuela, incluyendo a 41 ciudadanos extranjeros. Aunque el Gobierno Federal ha mencionado la existencia de una ley de amnistía que habría beneficiado a miles de personas con medidas restrictivas, las organizaciones civiles critican la falta de transparencia y la ausencia de una lista oficial de beneficiarios. Mientras tanto, la comunidad internacional y la diáspora venezolana en países como España, Estados Unidos y Colombia se sumaron a la exigencia de respeto a los derechos constitucionales y al cese de la detención arbitraria.
