CIUDAD DE MÉXICO.- La gigante ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) ha encendido una polémica internacional al iniciar formalmente un proceso de arbitraje contra México. La compañía acusa que el decreto presidencial para revivir los trenes de pasajeros en el país pone en riesgo sus millonarias inversiones y viola las protecciones del Tratado comercial T-MEC.
Inversiones en riesgo bajo el T-MEC
El conflicto surge a raíz del decreto publicado en noviembre de 2023, que declara el servicio de trenes de pasajeros como un área prioritaria para el desarrollo nacional. CPKC argumenta que esta medida, impulsada por el gobierno federal, modifica las condiciones de su concesión original, la cual está enfocada en el transporte de carga, y representa una violación directa a los capítulos de inversión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Acusación de ‘expropiación indirecta’
En su ‘Notificación de Intención para Someter una Reclamación a Arbitraje’, la empresa canadiense califica la política del gobierno como una ‘expropiación indirecta’. Sostienen que, aunque se les dio preferencia para presentar proyectos, la amenaza de que el Estado otorgue las rutas a terceros, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Marina (Semar), afecta gravemente la seguridad de sus operaciones e inversiones a largo plazo.
Gobierno mexicano responde: ‘Defenderemos al Estado’
Por su parte, la Secretaría de Economía ha confirmado la recepción de la notificación de arbitraje. La dependencia federal aclaró que este es el primer paso en un proceso de consultas y no una demanda formal todavía, por lo que buscarán un diálogo constructivo. A través de un comunicado, el gobierno mexicano aseguró que defenderá con firmeza los intereses del Estado en este proceso, apegándose a los acuerdos comerciales.
Este movimiento legal se produce a pesar de que CPKC ya había presentado una propuesta formal para desarrollar el servicio de pasajeros en la estratégica ruta México-Querétaro, mostrando interés inicial en el proyecto. Ahora, se abre un periodo de negociación entre la compañía y el gobierno para intentar resolver la controversia antes de que escale a un panel de arbitraje internacional definitivo.
