La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implementó un plan estratégico basado en estímulos fiscales y acuerdos comerciales para mitigar el alza de precios, tras reportarse una inflación anual del 4.59% al cierre de marzo.
El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Lerma Cotera, detalló que el repunte inflacionario responde principalmente a factores transitorios y choques de oferta en productos agropecuarios, como el tomate, afectados por condiciones climáticas adversas. Para contrarrestar esta tendencia, el Ejecutivo ratificó acuerdos con distribuidores para fijar topes máximos en los combustibles, estableciendo un límite de 23.99 pesos para la gasolina regular y un máximo de 28 pesos por litro para el diésel, con el fin de evitar que los costos de transporte impacten el precio final de los alimentos.
La presidenta Sheinbaum respaldó estas medidas, asegurando que la inflación se mantiene en rangos manejables a pesar de la volatilidad internacional de los energéticos derivada de los conflictos en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz. La mandataria enfatizó que, sin la intervención directa del Estado a través de los subsidios al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los costos para los consumidores serían sustancialmente mayores. Asimismo, se destacó que la actual política económica busca proteger el poder adquisitivo de los hogares mexicanos mediante una vigilancia estrecha de la logística de distribución y el abastecimiento de productos básicos.
Como parte del cierre informativo, el Gobierno anunció la instalación de mesas de trabajo permanentes con productores agrícolas y cadenas minoristas para corregir distorsiones en los precios de productos clave como la tortilla, la papa y la cebolla. Estas acciones buscan alinear el índice inflacionario con el objetivo del Banco de México en el mediano plazo, garantizando estabilidad en los mercados nacionales frente a las presiones externas. Hacienda reiteró que el uso de estímulos fiscales seguirá siendo la herramienta principal para suavizar el impacto de la inflación no subyacente en la economía familiar durante los próximos meses del año.
