Marcos Pérez Esquer
La crisis de desapariciones en México escala. Tenemos más de 130 mil personas desaparecidas y un Estado que, frente a ese drama, parece más preocupado por disputar la narrativa que por enfrentar la realidad.
El reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no solo documenta un fenómeno alarmante; lo eleva a una categoría jurídica y política profundamente incómoda para cualquier gobierno: la existencia de una práctica generalizada o sistemática que podría constituir crímenes de lesa humanidad.
No es una acusación menor. Es, en términos de derecho internacional, una de las más graves imputaciones que puede enfrentar un Estado.
El Comité activó el artículo 34 de la Convención Internacional, un mecanismo excepcional que implica que la situación de México podría ser llevada ante la Asamblea General de la ONU como un asunto urgente. Esta activación no ocurre por rutina ni por ligereza: supone indicios fundados de que las desapariciones no son hechos aislados, sino parte de un patrón persistente.
En otras palabras, el problema dejó de ser doméstico para convertirse en una preocupación internacional. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rechazar el informe calificándolo de “tendencioso” e “inexacto”, apelando a la soberanía y cuestionando la metodología del Comité. Su mensaje implícito es claro: el problema no es la desaparición de miles de personas, sino el señalamiento internacional.
Esa reacción revela una prioridad inquietante. Cuando un gobierno enfrenta un diagnóstico de esta magnitud, cabría esperar una actitud de autocrítica, de apertura, incluso de urgencia. En cambio, lo que hemos visto es una defensa institucional que parece orientada más a evitar responsabilidades -políticas, jurídicas e incluso penales- que a garantizar justicia para las víctimas.
El informe no solo describe una crisis humanitaria; sugiere posibles responsabilidades estatales. Y aquí es donde el discurso oficial se vuelve particularmente frágil. La narrativa de que las desapariciones actuales son exclusivamente obra del crimen organizado, sin participación o tolerancia de autoridades, se desmorona frente a casos documentados de servidores públicos involucrados directamente en estos delitos. Como lo evidenció el senador Ricardo Anaya, existen cientos y acaso miles de ejemplos de policías vinculados a proceso por desaparición forzada durante el actual gobierno y el anterior. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón que apunta, al menos, a la aquiescencia de las autoridades. Y la aquiescencia, en derecho internacional, genera responsabilidad.
Más aún: el propio Comité advierte que por cada caso denunciado podrían existir al menos nueve que no se denuncian. Si esta estimación es siquiera cercana a la realidad, estamos frente a una cifra negra que multiplica la tragedia.
La magnitud del problema no admite evasivas. México concentra el mayor número de acciones urgentes del Comité a nivel mundial, con el 38% del total global. El dato revela que la crisis mexicana es una de las más graves del planeta en esta materia.
Ante esto, la reacción gubernamental resulta insuficiente y moralmente cuestionable. Porque en lugar de colocar en el centro a las víctimas -a las madres que buscan en fosas clandestinas y a las familias que viven en la incertidumbre perpetua-, pone el énfasis en desacreditar al mensajero.
Se dirá que hay avances institucionales, nuevas leyes, bases de datos, protocolos. Puede ser cierto. Pero también es cierto que las desapariciones continúan, que la impunidad es la regla y que la crisis forense desborda las capacidades estatales.
El problema es que reconocer una práctica sistemática de desapariciones implica admitir fallas estructurales, responsabilidades institucionales, y eventualmente, individuales. Implica abrir la puerta a investigaciones internacionales, al escrutinio global, incluso a procesos ante instancias como la Corte Penal Internacional. Y eso, al parecer, es lo que realmente inquieta. Pero hay algo que debería inquietar mucho más: la normalización de la tragedia.
Cuando un país se acostumbra a que desaparezcan 40 personas al día, no solo enfrenta una crisis de seguridad sino de humanidad; y cuando su gobierno se indigna más por el informe que por las desapariciones, el problema no solo es institucional, sino ético.
No, el informe de la ONU no es el enemigo. El enemigo es la realidad que describe, y esa realidad no se combate con descalificaciones, discursos defensivos, o apelaciones a la soberanía, se combate con verdad y con justicia.
