La Knesset, el Parlamento de Israel, aprobó con 62 votos a favor una ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas declaradas culpables de actos de terrorismo. La medida, respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, se dirige específicamente a quienes causen la muerte de ciudadanos o residentes israelíes con la intención de dañar al Estado de Israel.
La nueva normativa se aplicará a palestinos en Cisjordania, Gaza e Israel. Según el texto legal, la ejecución debe llevarse a cabo en un plazo máximo de 90 días tras el juicio, con posibilidad de prórroga hasta los 180 días en caso de apelaciones. Aunque en circunstancias especiales la sentencia podría conmutarse por cadena perpetua, la ley ha sido señalada por diversas organizaciones como un instrumento de exclusión legal.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó la iniciativa calificándola de «inconsistente» con las obligaciones internacionales de Israel. La ONU advirtió que la ley es discriminatoria por su aplicación exclusiva hacia la población palestina y que el uso de la pena capital atenta contra la dignidad humana, incrementando el riesgo de ejecutar a personas inocentes.
Gobiernos de países como Francia y España también han expresado su rechazo, uniéndose a la preocupación de organismos internacionales por la violación de derechos civiles y el derecho a la vida que esta medida representa en los territorios ocupados.
