Alrededor de 491 mil indígenas y 63 mil afromexicanos residentes en Estados Unidos experimentan un aumento en la desconfianza hacia las autoridades debido a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.
Un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), basado en datos de 49 consulados, advierte que estas poblaciones sufren arrestos y deportaciones en un contexto de vulnerabilidad extrema. Las barreras lingüísticas son el principal obstáculo, ya que la falta de intérpretes especializados en lenguas como el mixteco, náhuatl y zapoteco impide el debido proceso en centros de detención. Esta carencia de servicios interculturales no solo limita el acceso a la justicia, sino que también dificulta la obtención de documentación básica y el conocimiento de los mecanismos de protección consular en estados con alta presencia migrante como California, Nueva York y Florida.
El diagnóstico detalla que la mayoría de estos ciudadanos labora en sectores de agricultura, construcción y servicios domésticos, donde predominan condiciones laborales precarias y un acceso limitado a la seguridad social. El nivel educativo de esta población, concentrado mayoritariamente en niveles de primaria y secundaria, incide directamente en sus oportunidades de empleo y en su capacidad para navegar el sistema legal estadounidense. Ante este panorama, 31 representaciones consulares han reportado la urgencia de generar materiales informativos bilingües para atender a los integrantes de al menos 29 pueblos originarios que tienen una presencia activa en el país vecino.
Para intentar mitigar esta problemática, la cancillería mexicana instaló en 2025 una mesa institucional orientada a fortalecer la agenda de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en el exterior. El objetivo es consolidar una red de apoyo que incluya una mejor coordinación con organizaciones comunitarias y la implementación de un enfoque intercultural en todos los servicios consulares. Sin embargo, el reporte subraya que el clima de temor actual y la falta de recursos técnicos especializados siguen siendo los desafíos más críticos para garantizar que esta población pueda ejercer sus derechos fundamentales frente a las autoridades migratorias.
La Secretaría de Relaciones Exteriores continuará con el monitoreo de las 43 circunscripciones donde se ha identificado mayor riesgo para estas comunidades, buscando ampliar la disponibilidad de traductores en procesos judiciales y administrativos.
