La administración de Donald Trump intensificó su ofensiva legal contra la Universidad de Harvard, presentando una nueva querella ante un tribunal federal de Boston. El Gobierno acusa a la institución de permitir un «entorno educativo hostil» y de mostrar indiferencia ante el presunto acoso y agresiones físicas sufridas por estudiantes judíos e israelíes tras los eventos del 7 de octubre.
La demanda señala específicamente las protestas propalestinas de 2023 y 2024, alegando que Harvard permitió la ocupación de bibliotecas y la permanencia de un campamento durante 20 días, violando sus propias políticas internas. El Ejecutivo sostiene que la universidad ha fallado en aplicar sanciones significativas contra los responsables, incumpliendo así el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, lo que invalidaría el derecho del centro a recibir fondos federales.
Como medida de presión, el Gobierno solicita la restitución de miles de millones de dólares en subvenciones otorgadas durante el periodo de las supuestas infracciones. Esta acción se suma a la congelación de más de 2 mil millones de dólares en fondos que el Gobierno intentó aplicar previamente, y que actualmente se encuentra bajo disputa judicial después de que Harvard lograra una suspensión temporal del bloqueo.
Por su parte, Harvard emitió un comunicado defendiendo sus «medidas sustanciales» para combatir el antisemitismo y calificó la demanda como una «represalia» por negarse a entregar el control de la institución al gobierno federal. La universidad asegura que priorizará la protección de su comunidad mientras combate legalmente lo que considera una intrusión ideológica en su autonomía académica y procesos de admisión.
Este litigio forma parte de una campaña más amplia del Departamento de Justicia contra universidades de la ‘Ivy League’ y centros como la UCLA, bajo el argumento de que las instituciones educativas han fallado sistemáticamente en proteger a sus empleados y estudiantes judíos. El desenlace de este caso podría redefinir la relación entre el financiamiento federal y las políticas de libertad de expresión y seguridad en los campus estadounidenses.
