Desde su reintroducción en 1976, la inyección letal se ha consolidado como el método predilecto para aplicar la pena de muerte en Estados Unidos, representando la gran mayoría de las ejecuciones. El gobierno de EE.UU. y 27 estados reservan esta sanción para delitos considerados los más atroces.
A pesar de su arraigo, la ética profesional señala que los médicos no deben participar en este proceso, según la Asociación Médica Estadounidense, argumentando que la sociedad se engaña al considerar la pena de muerte como un acto científico y casi antiséptico.
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En un protocolo típico de inyección letal, se administran tres sustancias químicas en fases sucesivas: un anestésico, un paralizante y un agente para detener el corazón. Sin embargo, desde 2009, el acceso al anestésico tiopental sódico se perdió, llevando a algunos estados a utilizar el pentobarbital o el midazolam como alternativas.
El midazolam, en particular, ha generado controversia, ya que reclusos han alegado su ineficacia para inducir inconsciencia, exponiéndolos al dolor de los otros fármacos. Aunque algunos tribunales han respaldado su uso, críticos argumentan que su dosis masiva puede provocar edema pulmonar, según el Dr. Joel Zivot.
En una ejecución típica en Oklahoma, se realiza una prueba de consciencia tras la administración del midazolam. En la fase de inmovilización, se utiliza un paralizante como el bromuro de vecuronio, mientras que el tercer paso implica la inyección de cloruro de potasio para detener el corazón del recluso.
A pesar de la planificación, el proceso no siempre se desarrolla sin inconvenientes. Ejecuciones consideradas fallidas han sido registradas en Oklahoma, donde reclusos han sufrido desmesuradamente, según críticos y testigos.
Este método, adoptado como la forma más «humana» de ejecución, ha suscitado críticas de diversas organizaciones médicas y expertos, quienes sostienen que la participación de médicos en la pena de muerte es éticamente cuestionable. La inyección letal, según la Asociación Médica Estadounidense, es una «farsa» que busca legitimar un acto brutal con un barniz de respetabilidad médica, contradiciendo el juramento hipocrático y desafiando principios éticos fundamentales.
