La renuncia forzada a la que fue sometido el Fiscal General constituye un episodio alarmante: un nuevo capítulo en el proceso de concentración autoritaria de poder emprendido por el gobierno federal.
Desde hace un mes, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que la Presidencia habría iniciado una operación para empujar al Fiscal a abandonar su cargo. Como señala Mario Maldonado en El Universal, “Las filtraciones de expedientes sensibles, muchos de los cuales abrieron auténticas cloacas de corrupción de altos funcionarios de gobierno, legisladores y las Fuerzas Armadas, colmaron la paciencia de la presidenta Claudia Sheinbaum”. Al efecto recuérdese el caso del huachicol fiscal, el de los nexos de Adán Augusto con La Barredora, el de los vínculos del gobernador Rubén Rocha de Sinaloa con el homicidio del exrector Melesio Cuén, y más recientemente el del otro Rocha, el dueño de Miss Universo, señalado de narco, huachicolero y traficante de armas.
No se trataba de discrepancias institucionales, sino de la exigencia política de “quitarse del camino” para que una persona incondicional del régimen tomara control de la Fiscalía General. A la luz del marco constitucional, semejante maniobra no solo es indeseable: es abiertamente contraria al espíritu del diseño institucional que dio origen a la Fiscalía autónoma.
Conviene recordar algo elemental: el periodo de nueve años del Fiscal General no está ahí por capricho, sino para impedir que su nombramiento coincida con los ciclos presidenciales. Es un candado pensado para proteger la autonomía frente a quien detenta el poder sexenal. Por eso la Constitución prevé un procedimiento complejo de nombramiento y remoción con participación cruzada del Senado y del Ejecutivo, como un entramado de pesos y contrapesos que pretende evitar que la procuración de justicia se convierta en herramienta del poder político.
Lo que presenciamos apunta a lo contrario: la salida del Fiscal, inducida desde Palacio Nacional -y no resultado de una causa grave, como exige la ley, sino de un premio de consolación: la embajada en Alemania-, erosiona gravemente la independencia del órgano encargado de investigar los delitos. De hecho, permite al oficialismo aprovechar su mayoría calificada espuria conseguida mediante maquinaciones leguleyas, para impulsar como relevo a Ernestina Godoy, caracterizada por su lealtad a la Presidenta, no a la Constitución, y por su gestión como fiscal de la CDMX significada por la persecución y el espionaje políticos.
Además, subyace la amenaza: si el Fiscal no renuncia “voluntariamente”, el oficialismo lo removería fabricando una causa administrativa o penal grave. Es decir, un escenario de coerción que llevaría a una capitulación forzada. Nada más alejado del ideal republicano que debería sostener a la procuración de justicia en un Estado democrático.
Quien controla la Fiscalía controla la llave de la justicia penal. Si el mismo bloque político ya domina el Legislativo, acaba de capturar al Poder Judicial con una reforma regresiva, ha neutralizado a la CNDH, tiene un INE debilitado y mantiene una presión constante sobre los medios de comunicación, entonces la toma de la Fiscalía solo cierra el círculo. No es solo la sustitución de una persona: es la cancelación de un espacio institucional de contrapeso, el último reducto relevante de autonomía frente a un proyecto de concentración total del poder público.
Lo que está en juego no es un nombre, ni una rivalidad política pasajera. Lo que está en riesgo es si México conservará instituciones capaces de resistir los abusos del poder presidencial. La Fiscalía General no es un botín, ni una oficina más de la administración pública. Es un pilar constitucional diseñado para proteger a la sociedad, no para servir a una facción.
Con estas maniobras, el gobierno deja claro que no busca transformar al país, sino controlarlo por completo. Y cuando la justicia se subordina a la política, lo que se erosiona es la democracia misma.
