Por Marcos Pérez Esquer*
“No tengo miedo de morir, tengo miedo de ser un cobarde”: Carlos Manzo.
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, no es sólo una tragedia humana, es un golpe directo a la vida institucional de los municipios mexicanos. Su muerte no puede entenderse como un hecho aislado, sino como el síntoma de una crisis más profunda: la vulnerabilidad estructural del poder municipal frente al poder del crimen organizado.
Expreso desde aquí mi solidaridad con su familia, con el pueblo de Uruapan y con todos los servidores públicos municipales que hoy viven bajo amenaza.
Los municipios están en la primera línea del conflicto criminal, pero siguen siendo el eslabón más débil del sistema federal. Enfrentan las extorsiones, los cobros de piso, las amenazas y las presiones más directas, con recursos mínimos y con escasa protección institucional. Sin municipios fuertes y protegidos, no habrá seguridad ni gobernabilidad en el país. La llamada “autonomía municipal” no puede seguir siendo una consigna vacía: requiere recursos, profesionalización, instituciones y mecanismos de protección efectivos para alcaldes, síndicos, regidores y personal operativo.
El Estado mexicano tiene el deber indeclinable de garantizar la seguridad de sus autoridades locales. No podemos normalizar que la defensa de la gente se tenga que pagar con la vida.
La presidenta de la República ha anunciado que se escuchará a la sociedad civil en Uruapan para diseñar un plan de seguridad. Qué bien que se haga, pero qué mal que llegue tarde, frente a lo que era la crónica de una muerte anunciada. La respuesta del Estado no puede seguir siendo reactiva; tiene que ser estructural, integral y sostenida.
La justicia, además, no puede limitarse al abatimiento del muchacho de 17 años enviado a cometer el crimen. El país necesita que se dé con los autores intelectuales, con sus redes de complicidad y con las motivaciones políticas o criminales que los mueven. Y no, exigir justicia no es carroñería, carroñería es pretender acallar la indignación. Si no hay justicia auténtica, el mensaje que el Estado mexicano enviará será terrible: municipios, rásquense con sus uñas, están solos.
Este asesinato es un atentado contra la autoridad civil y la vida democrática local, pero también un recordatorio de que en amplias regiones del país el poder del crimen organizado es mayor que el poder institucional. Y eso no sólo pone en riesgo a los gobiernos municipales, sino al principio mismo de soberanía del Estado. Si el alcalde de una ciudad de 300,000 habitantes no puede ejercer su mandato sin ser asesinado en plena plaza pública, ¿qué garantías tiene el ciudadano común?
Pero no se trata sólo de Uruapan o de Michoacán, se trata de México. En todo el país los municipios enfrentan el abandono de la Federación: recortes presupuestales, mínima coordinación en seguridad, indiferencia y hasta desconfianza institucional. El mensaje ha sido claro: los municipios no son prioridad. Pero el edificio nacional se construye desde abajo, los municipios son sus cimientos, y si se fractura el municipio, se fractura la República.
Los municipios, por su parte, deben asumir también su parte de responsabilidad: fortalecer sus policías, profesionalizar a su personal, mejorar los controles de confianza y fomentar la participación social. Pero sin respaldo federal y estatal, el esfuerzo local será siempre insuficiente. No hay policía municipal capaz de resistir sola la embestida de una organización criminal con recursos infinitamente superiores.
Hoy en México ser alcalde es ser blanco del crimen organizado. Pero los alcaldes no deben renunciar a ejercer su autoridad: gobernar con un miedo paralizante no es gobernar, y permitir que el crimen determine la política local es abdicar de la responsabilidad hacia la ciudadanía. Eso sí, deben exigir protección institucional y protocolos de seguridad efectivos, no promesas vacías.
La lucha contra la violencia se ganará o se perderá en lo local. El gobierno federal debe incorporar realmente a los municipios en la definición de la política nacional de seguridad, no sólo como ejecutores o auxiliares, sino como corresponsables en la estrategia y el diseño institucional.
*Presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas.
