Ejidatarios e indígenas mayas de Yucatán alzaron la voz nuevamente para denunciar una problemática histórica que, aseguran, sigue sin resolverse: el despojo de tierras que arrastran desde la Guerra de Castas de 1847. A más de 170 años del inicio de aquel conflicto, comunidades mayas acusan que la injusticia persiste, ahora en manos de empresarios y con la omisión de autoridades agrarias.
Simón Ku Ek, excomisario de la comunidad de Sahcabá Santos, expresó su indignación en el marco del aniversario de la rebelión: “Este mes de julio se cumplen 178 años de la rebelión de nuestros abuelos mayas y seguimos sufriendo el robo de tierras”. La comunidad de Sahcabá, perteneciente al municipio de Hocabá, enfrenta un litigio desde hace siete años contra empresarios que los acusan de “invadir” 120 hectáreas, pese a que, según documentos legales, esas tierras pertenecen a 371 campesinos de la localidad.
A pesar de contar con una sentencia favorable del Tribunal Unitario Agrario, los empresarios promovieron un amparo y el caso continúa sin resolverse, impidiendo a los ejidatarios el acceso pleno a sus tierras y afectando directamente sus ciclos de siembra y subsistencia.
Esta situación no es aislada. En Mérida, 340 campesinos del ejido Cinco Colonias también iniciaron una demanda hace cinco años por el presunto despojo de 18 hectáreas en la capital yucateca, atribuida a acciones del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). “Otorgaron lotes con escrituras sobre nuestras escrituras. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Mérida, le entregamos copias de las denuncias. Esperamos su intervención”, declaró Faustino Mena Crespo, actual comisario ejidal.
La comunidad también reclama el pago pendiente por la expropiación de 204 hectáreas utilizadas para la construcción del aeropuerto de Mérida, sin que hasta ahora hayan recibido una compensación justa.
El abogado Luis Antonio López, defensor de varias de estas comunidades, explicó que cada año se registran decenas de denuncias por despojo en localidades como Mérida, Conkal, Ucú y varias zonas costeras. “Los empresarios se aprovechan de la falta de información legal de los campesinos y utilizan vacíos en la Ley Agraria para apropiarse de sus tierras. Las compran a precios muy bajos y luego las revenden al triple”, denunció.
López advirtió que el fenómeno se está extendiendo rápidamente en la Península de Yucatán, afectando gravemente el patrimonio de los pueblos mayas. “Las tierras de los mayas están desapareciendo ante la mirada pasiva de las autoridades. Es urgente frenar la especulación y proteger los derechos históricos de estas comunidades”, sentenció.
A más de un siglo de la llamada Guerra de Castas, los testimonios actuales de las comunidades indígenas reflejan que las causas que originaron aquella rebelión siguen vigentes: el despojo, la desigualdad y la lucha por la tierra.
