Gustavo Alarcón es el nuevo alcalde de Chilpancingo

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Custodiado por un reducido grupo de policías y bajo el constante temor, se llevó a cabo el jueves la toma de posesión del nuevo alcalde de la capital del estado de Guerrero, en el sur de México. Este acto ocurrió tras el trágico asesinato de su antecesor, quien fue decapitado solo seis días después de asumir el cargo.

Apenas cuatro días después del homicidio de Alejandro Arcos, su sucesor, el médico y opositor Gustavo Alarcón Herrera, fue nombrado alcalde de Chilpancingo, una ciudad con aproximadamente 300,000 habitantes, afectada por la violencia desatada entre dos organizaciones criminales: Los Ardillos y Los Tlacos. En medio de aplausos y rodeado por una multitud de fotógrafos y reporteros, Alarcón Herrera tomó posesión en el hemiciclo del Congreso de Guerrero. Su juramentación se postergó debido al impacto y el temor que provocó el asesinato de Arcos, cuya cabeza fue hallada el domingo sobre un vehículo abandonado en una calle de Chilpancingo.

En sus primeras declaraciones, el nuevo alcalde confirmó que ya contaba con protección federal, estatal y municipal, y se comprometió a «trabajar en beneficio de todos» para combatir la violencia que azota la ciudad. Poco después abandonó el Congreso escoltado por una patrulla con tres policías armados y un vehículo en el que viajaban cuatro guardaespaldas de civil.

El asesinato del alcalde Arcos, de 43 años, ocurrió tres días después del homicidio del secretario del ayuntamiento y nueve días después del asesinato de un capitán del ejército, quien se perfilaba como el próximo secretario de Seguridad Pública de la ciudad.

Este caso ha generado un gran debate y ha vuelto a cuestionar las estrategias de seguridad del gobierno mexicano.

Dos días después de este trágico suceso, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó, tal como estaba previsto desde que asumió el 1 de octubre, su plan nacional de seguridad, que retoma algunas de las políticas de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Entre ellas, la participación del ejército en labores de seguridad pública y el impulso de programas sociales.

El plan de Sheinbaum se basa en cuatro pilares: atacar las causas de la violencia mediante programas sociales que eviten que los jóvenes sean reclutados por el crimen organizado; consolidar la Guardia Nacional bajo el mando del ejército; crear un sistema nacional de inteligencia e investigación; y coordinar los esfuerzos entre el gobierno federal, los estados, municipios y el Ministerio Público.

En el marco de estas políticas, a principios de este mes se desplegaron 360 elementos de la Guardia Nacional y 300 militares en el estado de Michoacán, uno de los más violentos del país, con el objetivo de reforzar la seguridad en la región de Tierra Caliente y proteger a los productores de limón, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la presentación de este plan, el nuevo secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que el asesinato de Arcos está siendo investigado y reveló que otros cuatro alcaldes, dos de Guerrero y dos de Sinaloa, han solicitado protección.

La presencia del crimen organizado en Guerrero, uno de los estados más violentos de México, no es un fenómeno reciente. El año pasado, funcionarios federales indicaron que una manifestación en Chilpancingo, en la que participaron cientos de personas, fue orquestada por Los Ardillos para exigir la liberación de dos de sus líderes, quienes habían sido detenidos por posesión de armas y drogas.

Los manifestantes bloquearon durante dos días la carretera que conecta Ciudad de México con Acapulco, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y robaron un vehículo blindado, que utilizaron para embestir las puertas del Congreso estatal.

Además, los manifestantes secuestraron a 10 policías estatales y de la Guardia Nacional, junto con tres funcionarios estatales y federales, a quienes mantuvieron como rehenes hasta que se cumplieron sus demandas.

En febrero, se conoció que dos grupos criminales de Guerrero, La Familia Michoacana y Los Tlacos, habían alcanzado una tregua tras meses de negociaciones mediadas por obispos locales. La tregua surgió después de semanas de violentos enfrentamientos que dejaron múltiples víctimas fatales.

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