El Senado de la República aprobó en lo general, con mayoría calificada, la reforma judicial.
La iniciativa se aprobó con 85 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones en sesión del Pleno en la Casona de Xicoténcatl, antigua sede de la Cámara Alta.
La controversial reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado semanas de manifestaciones por parte de trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de derecho, quienes aseguran que la propuesta, que plantea la elección de jueces mediante voto popular, compromete seriamente la autonomía judicial y supone una grave amenaza al equilibrio de poderes en el gobierno mexicano.
Los críticos de la reforma sostienen que, de implementarse, podría debilitar el sistema de contrapesos que garantiza la democracia y abrir la puerta a una mayor politización de las decisiones judiciales.
Tanto los empleados del Poder Judicial como estudiantes universitarios han salido a las calles para expresar su rechazo, argumentando que la reforma debilitaría la imparcialidad de los jueces y minaría la confianza pública en el sistema judicial. Los manifestantes subrayan que el voto popular podría hacer que los jueces se vean presionados a tomar decisiones basadas en intereses políticos en lugar de fundamentos legales.
Por su parte, el gobierno de López Obrador defiende la medida como una forma de democratizar el Poder Judicial y hacer que los jueces sean más responsables ante el pueblo. Sin embargo, las voces en contra advierten que, lejos de fortalecer la justicia, esta reforma podría erosionar uno de los pilares fundamentales del estado de derecho en México.
