Este martes, el Pleno del Senado de la República comenzó la discusión de la polémica reforma al Poder Judicial, que propone como eje central la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A partir de las 11:00 horas, se inició la primera lectura del dictamen en el pleno. Se espera que los debates sobre la reforma judicial inicien también durante la tarde, aunque no se descarta que estos se prolonguen hasta el miércoles por la mañana. Los legisladores estiman que las discusiones podrían durar alrededor de 30 horas.
Para que la reforma sea aprobada, Morena y sus aliados —el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— necesitan alcanzar una mayoría calificada de 86 votos. Sin embargo, ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó en un video que dicha mayoría calificada podría lograrse con 85 senadores, lo que ha provocado críticas por parte de la oposición.
El oficialismo se encuentra a un voto de lograr la mayoría requerida, mientras que la oposición ha denunciado presiones para que algunos de sus legisladores apoyen la reforma.
Mientras tanto, las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que llevan casi un mes en paro de actividades, se han intensificado en las inmediaciones del Senado. Miles de empleados de los 32 órganos jurisdiccionales del país se han movilizado para exigir que los senadores rechacen la propuesta de reforma.
Además de las protestas, la reforma ha generado advertencias de organismos internacionales como la ONU, la International Chamber of Commerce, y calificadoras como Fitch, así como de las embajadas de Estados Unidos y Canadá, quienes advierten que los cambios podrían afectar la inversión privada y los tratados comerciales.
De no ser aprobada, la reforma al Poder Judicial representaría una gran derrota legislativa para el presidente Andrés Manuel López Obrador en la recta final de su sexenio.
¿Qué propone la reforma al Poder Judicial?
El dictamen, presentado en febrero por el presidente López Obrador, incluye la reducción de 11 a 9 ministros en la SCJN, y un recorte en el tiempo de su cargo de 15 a 12 años. También plantea dos elecciones populares para renovar el Poder Judicial: una extraordinaria en junio de 2025 y otra en 2027.
Asimismo, propone eliminar la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros de la SCJN, ajustar sus sueldos al tope máximo fijado para el presidente de México, y sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevas instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial. Además, se contempla la eliminación de las dos salas con las que actualmente cuenta la SCJN.
