El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que son necesarios 85 senadores, y no 86, para alcanzar la mayoría calificada requerida para reformar la Constitución. Durante su llegada al Senado, Noroña explicó que existen argumentos jurídicos que respaldan esta cifra, basándose en principios de redondeo matemático aplicados al conteo de senadores.
“Hay elementos jurídicos que así lo sustentan, es como en la escuela: de punto cuatro hacia abajo se redondea hacia el número anterior, y de punto seis hacia arriba al número superior. No hay punto tres de senador, por lo que, desde mi perspectiva, con 85 senadores sería suficiente para lograr la mayoría calificada”, subrayó el senador.
▶️ Mensaje del presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, en relación al proceso legislativo de la #ReformaAlPoderJudicial en el Senado. pic.twitter.com/XYlaVpN8JC
— Senado de México (@senadomexicano) September 9, 2024
Esta aclaración surge en medio de un debate crucial sobre la reforma al Poder Judicial, que ha generado controversia tanto dentro como fuera del Senado. Noroña anunció que, esta noche, recibirá a grupos de manifestantes que apoyan y se oponen a dicha reforma. Según el procedimiento legislativo, una vez aprobada por el Senado, la reforma será enviada a los Congresos estatales para continuar con el proceso constitucional.
En su papel como presidente de la Mesa Directiva del Senado, Fernández Noroña se comprometió a garantizar un debate amplio y representativo en el pleno, asegurando que todas las voces serán escuchadas antes de la votación final. “La discusión será amplia, todas las opiniones serán respetadas, y el resultado final de la votación se acatará”, señaló.
El próximo 10 de septiembre, en punto de las 11:00 horas, se dará la primera lectura del dictamen de la reforma al Poder Judicial, dando inicio formal a los debates que culminarán con la votación. La propuesta fue aprobada el pasado domingo por las comisiones unidas del Senado, y se espera que el pleno la vote este miércoles.
La reforma judicial ha desatado una ola de protestas en todo el país. Entre las manifestaciones más destacadas se encuentran un paro laboral de trabajadores y jueces del Poder Judicial, así como marchas de estudiantes que rechazan la iniciativa. Diversos sectores han expresado su preocupación ante esta reforma, entre ellos, organizaciones empresariales como la International Chamber of Commerce, así como calificadoras como Fitch y entidades financieras como Citibanamex, Morgan Stanley y UBS. Las embajadas de Estados Unidos y Canadá también han emitido advertencias, señalando que los cambios propuestos podrían representar riesgos para la inversión privada y los tratados comerciales internacionales.
La reforma, que busca reestructurar varios aspectos del Poder Judicial, ha polarizado a la opinión pública y provocado un intenso debate en torno a sus posibles implicaciones para la independencia judicial y el estado de derecho en México.
