La Cámara de Diputados de México dio luz verde, en la madrugada de este miércoles, al controvertido proyecto de ley que implementaría la reforma del Poder Judicial.
En una sesión maratónica, los legisladores se vieron obligados a trasladarse a un gimnasio, debido a que manifestantes bloquearon el acceso al edificio del Congreso. Con 359 votos a favor y 135 en contra, la reforma fue aprobada en una primera votación que siguió las líneas partidarias.
El proyecto de ley, que requiere una mayoría calificada de dos tercios, estaba previsto para una segunda votación en las horas siguientes, antes de ser enviado al Senado.
El partido Morena ha acusado de corrupción al sistema judicial actual y propone que los jueces de todo el país —aproximadamente 7,000— sean elegidos mediante voto popular.
Los opositores a la reforma advierten que la medida representaría una grave amenaza para la independencia judicial. Temen que las elecciones masivas puedan ser infiltradas por cárteles del narcotráfico y otros actores criminales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido crítico de los tribunales, que han frenado varios de sus proyectos al considerarlos inconstitucionales. Durante meses ha impulsado reformas como la del Poder Judicial y la eliminación de organismos autónomos de supervisión.
Aunque la votación en el Senado promete ser ajustada, Morena parece contar con el apoyo necesario para aprobar la reforma. De ser avalada, la propuesta pasaría a los congresos estatales, donde Morena tiene mayoría.
Los críticos advierten que esta reforma podría desmantelar el sistema de contrapesos del país. “Hoy podría marcar el inicio de la caída de la República”, declaró la diputada Paulina Rubio Fernández, del Partido Acción Nacional (PAN).
La sesión nocturna ocurrió mientras manifestantes bloqueaban el Congreso, exigiendo un debate sobre la reforma. En las últimas semanas, las protestas han ganado fuerza, involucrando a jueces, empleados judiciales y estudiantes. Incluso, la Suprema Corte de Justicia votó a favor de unirse a las huelgas.
Javier Reyes, empleado del Poder Judicial, afirmó: “El partido gobernante podría tomar control del sistema judicial, lo que significaría el fin de la democracia en México”.
La reforma propone que cualquier abogado con los requisitos mínimos pueda postularse, y en algunos casos las candidaturas serían seleccionadas por sorteo. Aunque el sistema judicial mexicano ha sido señalado por corrupción, se han implementado reformas para hacerlo más transparente en los últimos 15 años.
Las voces críticas, tanto dentro como fuera de México, han advertido que los cambios representarían un retroceso. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, expresó su preocupación por el impacto que la reforma podría tener en las relaciones bilaterales y en la inversión extranjera.
Por su parte, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, defendió la reforma y aseguró que no afectará las relaciones comerciales ni las inversiones, sino que fortalecerá el estado de derecho y la democracia.
La reforma afectaría a unos 7,000 jueces, imponiendo límites de tiempo para resolver casos y proponiendo jueces anónimos en procesos de delincuencia organizada, además de restringir el poder de los tribunales para bloquear proyectos gubernamentales.
