La controvertida reforma al Poder Judicial en México ha alcanzado nuevos niveles de tensión, al escalar su discusión hasta la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Este tema ha generado reacciones significativas tras los pronunciamientos del embajador estadounidense Ken Salazar y del subsecretario de Estado, Brian A. Nichols.
El representante republicano Michael McCaul expresó una profunda preocupación por las reformas propuestas en febrero pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la sesión de este jueves, McCaul advirtió que estas reformas podrían «destruir años de progreso económico y la construcción de alianzas», al minar la democracia en México.
CHM @RepMcCaul: “I am deeply concerned the reform measures currently being pursued by Mexican President Lopez Obrador could undo years of economic progress and partnership building by eroding democracy in the country. The people of Mexico should know that if some of these reforms…
— House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) August 29, 2024
Desde el ala progresista, también surgieron advertencias dirigidas al pueblo mexicano. El representante subrayó que, si algunas de estas reformas se implementan, podría verse afectada la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para 2026. Expertos y juristas en México han señalado que esta reforma al Poder Judicial representa un riesgo significativo para la economía del país, al desincentivar las inversiones, sobrecargar las finanzas públicas e incluso poner en peligro el T-MEC.
Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, advirtió que la propuesta podría llevar a que México sea considerado una «economía de no mercado» debido a la intervención estatal en aspectos clave de regulación y control del ecosistema empresarial. Esto, a su vez, impactaría negativamente en el T-MEC, que prohíbe relaciones con economías de no mercado en uno de sus capítulos.
Además, según Mariana Campos, directora general de México Evalúa, la reforma al Poder Judicial transgrede tres capítulos cruciales del T-MEC: el 14, relativo a inversiones; el 23, relacionado con temas laborales; y el 27, enfocado en políticas anticorrupción. Campos explicó que estos preceptos requieren la existencia de tribunales independientes e imparciales, una condición que la actual iniciativa no garantiza, ya que propone la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Campos también advirtió que este mecanismo podría abrir la puerta a nuevas formas de injerencia e influencia, donde el crimen organizado podría presionar en las elecciones o incluso financiar campañas electorales. Como ejemplo, mencionó que en 2021 la elección de 41 jueces estatales en Estados Unidos costó casi 100 millones de dólares, mientras que en México se prevén comicios para cerca de 7 mil juzgadores.
Con información de Agencias
