Ambientalistas alertan grave contaminación por granjas porcinas en México

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Un grupo de defensores del medio ambiente, organizaciones de protección animal y activistas de derechos humanos han solicitado respaldo internacional para el proyecto S.O.S. Yucatán, que busca detener la expansión de las megagranjas porcícolas en el sureste de México, las cuales están causando graves daños a las comunidades indígenas de la región.

«Hoy levantamos la voz porque el 80% de estas megagranjas se han establecido en ejidos y comunidades mayas, contaminando el agua, el aire y el suelo», declaró Sofía Morín, abogada de la organización Mercy For Animals Latinoamérica.

Representantes de diversas organizaciones mexicanas se desplazaron al estado de Yucatán, en el sureste del país, para investigar y conocer de primera mano cómo viven las comunidades indígenas y cómo enfrentan los terribles olores y la proliferación de moscas que resultan de la contaminación provocada por estas megagranjas.

«La industria porcícola se instala en comunidades vulnerables como Santa María Chi, en Mérida, violando la autodeterminación de estos pueblos que nunca autorizaron la llegada de granjas que albergan hasta 100 mil animales», aseguró Morín.

La activista advirtió que la comunidad maya de Yucatán se encuentra en una situación crítica, ya que las granjas porcícolas están violando el derecho humano a un ambiente sano. Según un estudio realizado el año pasado, se identificaron 872 posibles granjas de cerdos en la región, no todas son megagranjas, pero un dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reveló que las muestras de agua tomadas en comunidades cercanas a estas instalaciones presentaban niveles alarmantes de contaminación, muy por encima de los límites permitidos por las normas mexicanas.

«En algunos lugares, la contaminación excede hasta ocho veces el nivel máximo permitido», afirmó Morín.

Los ambientalistas exigieron el cumplimiento del Convenio de Ramsar, relativo a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Este tratado intergubernamental fue adoptado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, a orillas del Mar Caspio, y entró en vigor en 1975.

«Es urgente que las autoridades internacionales intervengan de manera objetiva y brinden apoyo a las comunidades indígenas de Yucatán, ya que cuentan con expertos en la preservación de manglares y cenotes», agregó Morín.

Daños a la comunidad

Sofía Morín también denunció que las autoridades de Semarnat en Yucatán se negaron a recibir a los ambientalistas que presentaron un documento firmado por 150 habitantes de Santa María Chi, quienes tienen una granja en su comunidad maya y viven diariamente en un entorno insalubre debido a la pestilencia generada por la industria porcícola.

«Solo recibieron el documento, que también incluye la firma de 10 organizaciones de protección ambiental, cuidado animal y derechos humanos. No hubo diálogo con las autoridades, porque se dieron cuenta de que se trataba de una protesta», afirmó Morín.

Antes de regresar a la Ciudad de México, Morín comentó que el documento ambientalista incluye 21,000 firmas digitales. «Esperamos que el Poder Judicial aplique la ley, ya que nuestras investigaciones evidencian graves daños a las aguas de los cenotes y al manto freático de Yucatán», indicó.

La misión de Mercy For Animals Latinoamérica es promover un sistema alimentario más compasivo y sostenible, con el objetivo de poner fin a la explotación animal. «Tenemos presencia en Estados Unidos, India, Canadá, Chile y México, y ahora estamos apoyando a las comunidades de Yucatán. En marzo pasado, sobrevolamos algunas megagranjas con drones, donde se albergan entre 60,000 y 100,000 animales, y ahí constatamos la magnitud del problema», declaró Morín.

Además, Mercy For Animals Latinoamérica confirmó que el maltrato animal en estas megagranjas es alarmante, ya que las hembras sufren durante meses al no poder moverse en las jaulas. «Los cerdos son castrados sin anestesia, y les cortan la cola y los colmillos mediante prácticas inhumanas que se consideran ‘estándar’ en esta industria», concluyó.

Según las cifras de la organización, en la Península de Yucatán se producen anualmente dos millones de cerdos, los cuales son enviados y exportados a Asia.

Con información de Agencias

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