Con un pago de 120 mil pesos, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, logró obtener ayer una protección temporal por parte de la justicia federal, evitando así su detención y cualquier citación ante las autoridades. Esta medida fue tomada después de que la Fiscalía Anticorrupción del estado consiguiera una orden de aprehensión en su contra por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos, los cuales habrían sido destinados a la contratación de un despacho para la reestructuración de la deuda pública estatal.
El Juzgado Quinto de Distrito, ubicado en la Ciudad de México y bajo la dirección de la jueza Patricia Marcela Diez Cerda, otorgó este recurso a favor de Corral, actual senador electo por Morena. El exmandatario justificó su negativa a comparecer, alegando que la acusación de peculado agravado es producto de una persecución política impulsada por la gobernadora María Eugenia Campos, quien, según él, actúa con un ánimo de venganza y bajo una falsa acusación.
A través de sus redes sociales, Corral denunció que la Fiscalía fabricó la investigación en su contra, tres años después de que presuntamente ocurrieron los hechos delictivos. Señaló que la Fiscalía se basa en el testimonio de Eduardo Fernández, exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda durante su administración (2016-2021), quien se convirtió en testigo protegido tras ser vinculado a proceso penal. Corral afirmó que ahora, de manera precipitada y forzada, intentan imputarle responsabilidad en el caso, utilizando un testimonio emergente para justificar la orden de aprehensión.
En relación con el contrato firmado con el despacho López Elías Finanzas Públicas SC para la reestructuración de pasivos estatales, Corral defendió que tanto a los exfuncionarios de su gobierno como al propio despacho se les ha impedido presentar pruebas. Además, reiteró que su contratación fue legítima y acusó de corrupción a la actual gobernadora de Chihuahua. Indicó que, a diferencia de las acusaciones fabricadas en su contra, se deberían investigar los 10 contratos por 33 millones de pesos que María Eugenia Campos otorgó a Ernesto Cordero, exfuncionario de la administración de Felipe Calderón, para la adquisición de más deuda pública y la reestructuración de créditos.
El pasado miércoles, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detener a Corral en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, en la Ciudad de México, lo que fue impedido por Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien intervino en el lugar.
Desde entonces, la gobernadora Campos ha mantenido una agenda privada sin emitir declaraciones al respecto. Por su parte, el secretario de Gobierno estatal, Santiago de la Peña, criticó a Corral, señalando que su discurso es «esquizofrénico» y recordó que la causa penal en su contra fue iniciada por la Auditoría Superior del Estado y el auditor Héctor Acosta, quienes fueron propuestos por el propio exgobernador en 2018.
Según los registros del Poder Judicial, Corral ha señalado que se han violado sus derechos establecidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 189 y 20 de la Constitución. El juzgado ha fijado el 27 de septiembre como fecha para la audiencia constitucional, en la que se decidirá si se le concede a Corral la suspensión definitiva de la orden de aprehensión.
