La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) anunció que el personal del Poder Judicial podría convocar a un paro de labores si el Congreso aprueba la reforma judicial sin considerar otras propuestas o alternativas.
“La suspensión de actividades sería una medida extrema, tomada únicamente para asegurar que la reforma sea integral y refleje el mayor consenso posible entre las mayorías legislativas y los diversos sectores sociales”, declaró la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de Jufed, durante una conferencia frente al Congreso de la Unión.
Fuentes Velázquez advirtió que “septiembre de 2024 podría ser un mes crítico para el país si el Congreso y la futura presidenta insisten en aprobar esta iniciativa, ignorando nuestras advertencias y desestimando propuestas alternativas”.
La jueza instó a la próxima legislatura a detener el proceso legislativo en septiembre, argumentando que la reforma actual presenta numerosas imperfecciones. Propuso que se cambie la discusión pública hacia una reforma más completa y adecuada.
Trabajadores del Poder Judicial se manifestaron cerca del Congreso de la Unión, expresando su rechazo a la reforma propuesta por el gobierno federal y respaldada por los legisladores de Morena. Consideraron que las mesas de diálogo, en las que han participado juristas y activistas, han sido una simulación.
Hicieron un llamado a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, quien apoyó la reforma durante su campaña presidencial, para que tome en cuenta sus preocupaciones.
Fuentes Velázquez también expresó su oposición a la propuesta de que los jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular, argumentando que esta medida podría “destruir la carrera judicial”.
“Permitir la elección por voto popular podría politizar el sistema judicial, llevando a los jueces a tomar decisiones basadas en la popularidad en lugar de en la justicia y el derecho, lo cual comprometería los principios fundamentales de todo Estado de derecho”, argumentó.
Además, advirtió que la elección de jueces y magistrados por voto popular podría permitir que “grupos de poder, incluso ilegales”, ejerzan presión sobre el Poder Judicial.
“Queremos dejar claro que no defendemos privilegios, sino que abogamos por un sistema judicial en el que los jueces obedezcan únicamente a la constitución y no a los poderes fácticos. No permitamos que esta reforma apresurada ponga en riesgo la división de poderes, nuestros derechos y el futuro de las generaciones venideras”, concluyó.
