Un conjunto de 16 organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos acusaron a la Fiscalía de Guatemala de socavar la democracia y el Estado de derecho al llevar a juicio el proceso electoral que condujo a la elección de Bernardo Arévalo como presidente.
Las organizaciones, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), emitieron un comunicado en el cual expresan su «profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización por parte del Ministerio Público». de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y defensores de los derechos humanos».
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Las entidades señalaron que «la intervención del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando de manera indebida el derecho penal a acciones legítimas en defensa de la autonomía universitaria».
Esta semana, la Fiscalía emitió 27 órdenes de arresto contra miembros del partido Movimiento Semilla, al cual pertenece Arévalo, acusándolos de haber participado en la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos (USAC) en 2022, ocasionando daños y utilizando estas acciones. con multas políticas.
Según el comunicado de las organizaciones, entre las personas con órdenes de arresto se encuentran el ex procurador de derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas.
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La Fiscalía, liderada por la fiscal general Consuelo Porras Argueta, también solicitó la remoción de la inmunidad de Arévalo de León y su vicepresidenta, Karin Herrera.
Desde julio pasado, la Fiscalía ha intentado revertir los resultados electorales mediante allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y persecución penal contra funcionarios públicos y miembros del partido Semilla, lo cual el presidente electo ha calificado como un intento de golpe de Estado.