La creciente presencia de cárteles de la droga en Quintana Roo ha extendido su influencia hasta la reserva de Bacalar, afectando a las comunidades rurales del área. Este municipio, conocido por su tranquilidad y baja densidad poblacional, ha sido aprovechado por grupos criminales como zona de paso y trasiego de narcóticos. Utilizan pistas clandestinas para recibir aeronaves provenientes de Centro y Sudamérica, cargadas con droga destinada tanto para el mercado mexicano como para Estados Unidos.
El reciente enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Caborca en el ejido de El Gallito ha puesto en evidencia la violencia que acompaña a estos grupos. El conflicto, que duró más de dos horas, resultó en una persona fallecida, cuatro vehículos quemados y nueve viviendas rafagueadas. Las escuelas locales, incluyendo el jardín de niños, la primaria y el módulo de Telesecundaria, suspendieron clases debido a la inseguridad.
La operación de estas organizaciones criminales no es nueva en la región. Desde hace más de una década, el Cártel de Caborca ha utilizado las planicies del municipio de Bacalar para construir pistas clandestinas. En 2004, una avioneta con matrícula colombiana aterrizó en la comunidad de Reforma con una carga de cocaína, marcando el inicio de una serie de operaciones ilegales. A finales de abril de 2020, elementos de la Sedena aseguraron una avioneta cargada con más de una tonelada de cocaína cerca de Reforma, revelando la magnitud de las actividades del narcotráfico en la zona.
Los habitantes de estas comunidades viven con el temor constante de la violencia y la presencia de aeronaves ilegales. La carretera Miguel Alemán – Bacalar, conocida como «la carretera de la muerte», es un claro ejemplo de la infraestructura deteriorada y abandonada por las autoridades, facilitando las operaciones del narco. A pesar de las denuncias y evidencias de actividades ilícitas, la respuesta gubernamental ha sido lenta y poco efectiva.
La presencia militar en la región se ha intensificado tras los recientes enfrentamientos. Elementos del Ejército, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional han sido desplegados para proteger a la población y contrarrestar las actividades delictivas. Sin embargo, la tranquilidad de Bacalar y sus comunidades rurales sigue amenazada por la violencia y el control de los cárteles, quienes ven en la región un punto estratégico para sus operaciones.
Las comunidades afectadas claman por una intervención más decidida y permanente por parte de las autoridades para restablecer la seguridad y el orden en la región, y para que la reserva de Bacalar recupere su paz y su esencia natural lejos del alcance del narcotráfico.
Información de La Silla Rota
