Con el objetivo de enfrentar la violencia e inseguridad generadas por el crimen organizado, el Ejecutivo ha propuesto una reforma constitucional destinada a reconocer a la Guardia Nacional como una fuerza policial permanente. Esta fuerza estará integrada por personal «de origen militar con formación policial» y estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Esta iniciativa, parte del llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue enviada a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero. La propuesta también prevé otorgar a la Guardia Nacional facultades para investigar delitos, bajo la conducción del Ministerio Público.
La exposición de motivos de la propuesta destaca que la Guardia Nacional estará a cargo de la SEDENA, pero aclara que no asumirá funciones de ejército en estado de guerra ni de excepción. En cambio, estará regida por normas y principios de seguridad pública, con un compromiso firme de respetar los derechos humanos y actuar estrictamente dentro del marco de la ley, en contraste con el uso de las fuerzas armadas en el pasado.
