Luego de que el pasado 22 de febrero Andrés Manuel López Obrador revelara el número telefónico de una reportera del periódico estadounidense The New York Times en respuesta al señalamiento de nexos con el narcotráfico por parte del mandatario, el doxing volvió a la palestra pública cuando el hijo del mandatario, José Ramón López Beltrán, luego Claudia Sheinbaum, y por último, Xóchitl Gálvez, revelaran que sus números telefónicos también habían sido filtrados y utilizados para recibir mensajes con propósitos distintos.
El día de hoy he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio ( como el que muestro) pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales. Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían… pic.twitter.com/nCFXF5f7lc
— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 24, 2024
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que se abrirá una investigación de oficio tras la filtración del número telefónico de las candidatas presidenciales por tratarse de un tema de interés público. La comisionada del Instituto, Norma Julieta del Río, exhortó a Gálvez y Sheinbaum a presentar una denuncia formal por lo sucedido.
Del Río dijo que con esta situación “están metiendo (al INAI) en un juego político del cual no pedimos estar”, pues, dijo, el tema de datos personales “es muy delicado y no podemos estar jugando con ellos”.
Filtraron mi número de teléfono y no han dejado de llegar mensajes.
— Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 25, 2024
Preocúpense, porque esto ya nadie lo para. pic.twitter.com/Rj06ArcTXV
La filtración y publicación de datos personales a través del ecosistema digital es una práctica violenta que se enmarca en delito por acoso. Se le denomina “doxing” y tiene por objetivo dañar la reputación y exponer la información de la víctima con la intención de vulnerarla.
En México no existe un marco jurídico para acceder a la justicia ante este tipo de prácticas en particular. Sin embargo, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto sugiere sanciones, aunque solo en casos de que la información se haga con ánimo de lucro. Existe igualmente la Ley Olimpia, promovida por el movimiento feminista en acompañamiento a Olimpia Coral Melo, pero el contexto de esta ley solo apunta a situaciones de carácter sexual.
Ante el actual panorama, candidatas y personajes públicos no tienen mucho margen de movimiento para acceder a la justicia y garantizar cauces democráticos a propósito del Proceso electoral 2024; empero, una buena práctica puede comenzar por no justificar, de ningún modo, la vulneración de la integridad de las personas a través de la revelación de sus datos personales.
Hacerlo es violencia, interfiere con el proceso democrático en el que tendría que suscitarse la elección de una figura presidencial. Hacerlo contra mujeres periodistas y políticas, es un retrato de un país en el que, cada día, asesinan a 11 mujeres. No es un juego, incluso si quien lo hace es el Presidente.
