
Silvia Delgado García, abogada que formó parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, aparece en segundo lugar en la lista de mujeres ganadoras de la elección para juezas penales en el distrito Bravos de Chihuahua, como parte de la primera Elección Judicial en el estado. Su designación ha generado polémica debido a su vínculo con el exlíder del Cártel de Sinaloa y a señalamientos sobre su falta de experiencia judicial.

Candidatura bajo observación ciudadana
La organización civil Defensorxs dio seguimiento al caso desde el anuncio de su postulación, calificándola como una “candidatura altamente riesgosa”. De acuerdo con el perfil documentado por esta organización, Silvia Delgado fue postulada por el Comité del Poder Ejecutivo de Chihuahua, a pesar de cuestionamientos sobre su cumplimiento del criterio de “buena reputación”.
Además, en sus redes sociales mantiene fotografías y publicaciones donde se le ve junto a las hijas gemelas de Guzmán Loera, así como junto a su esposa, Emma Coronel, durante el juicio celebrado en Estados Unidos, en el que participó como parte del equipo legal.
Participación en la defensa de “El Chapo”
Delgado se integró en agosto de 2016 al equipo de defensa de Joaquín Guzmán Loera, bajo la coordinación de los abogados José Refugio Rodríguez Núñez y Andrés Granados Flores. Su función principal fue servir como enlace directo con el capo, revisar los amparos interpuestos y mantenerlo informado sobre su situación jurídica.
Durante su labor, en diciembre de 2016, promovió un amparo para solicitar una cobija adicional para su cliente, argumentando que las bajas temperaturas en el penal de Ciudad Juárez afectaban su salud. En enero de 2017, también denunció públicamente que un custodio acosaba a Guzmán Loera durante las revisiones carcelarias; sin embargo, otro miembro del equipo legal desmintió que el capo hubiera presentado una queja formal por acoso sexual.
Controversia tras la elección
La elección de Silvia Delgado como jueza penal ha reavivado el debate sobre los criterios de evaluación de candidaturas en el proceso judicial de Chihuahua, especialmente por su pasado como defensora de uno de los narcotraficantes más notorios del país. Diversas voces de la sociedad civil han exigido una revisión más estricta de los perfiles seleccionados para ocupar cargos judiciales de alta responsabilidad.