CIUDAD DE MÉXICO – Una nueva investigación periodística pone bajo la lupa a Jesús Ramírez Cuevas, exvocero de la presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Según el libro ‘Ni venganza ni perdón’, escrito por Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, un decreto de «compensación vitalicia» destinado a extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro fue utilizado como una herramienta estratégica de operación política y control sindical.
El programa, publicado en agosto de 2022, habría sido impulsado directamente por Ramírez Cuevas ante el Ejecutivo, a pesar de las advertencias internas sobre su viabilidad financiera y legal.
El costo de la «Compensación Vitalicia»
La obra detalla las irregularidades y el impacto económico de este beneficio, diseñado originalmente para resolver un conflicto laboral histórico:
- Pasivo millonario: De acuerdo con estudios del Indep, el programa generó un compromiso financiero estimado en 27 mil millones de pesos que el Estado deberá pagar hasta el año 2086.
- Sin sustento técnico: Scherer Ibarra señala que la medida careció de soporte jurídico y presupuestal sólido, provocando cuestionamientos incluso dentro del gabinete federal de la época.
- Fractura sindical: La implementación del decreto profundizó la crisis en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), donde se acusó al gobierno de negociar con liderazgos «afines» y marginar a la representación legítima para imponer grupos paralelos.
Clientelismo y apoyo electoral
El libro vincula el uso de este fondo con beneficios políticos directos para el partido oficial. Se documenta que, en 2024, los grupos beneficiados por este esquema manifestaron su respaldo público a la candidatura de Clara Brugada para la Jefatura de Gobierno de la CDMX, agradeciendo explícitamente la gestión de Ramírez Cuevas.
La sombra de la discrecionalidad
Estas revelaciones plantean un escenario donde la justicia social para los electricistas pudo haber sido supeditada a intereses electorales. Mientras el país enfrenta los costos a largo plazo de este decreto, la figura de Jesús Ramírez Cuevas queda en el centro de un debate sobre el uso de recursos públicos para la construcción de bases políticas. La falta de transparencia en la selección de beneficiarios y el costo para las finanzas públicas sugieren que, más que un acto de reparación histórica, el programa pudo funcionar como una sofisticada estructura de lealtades financiadas por el erario.
