En las últimas semanas he venido leyendo con sorpresa, que diversos analistas económicos, así como funcionarios de importantes bancos mexicanos y calificadoras extranjeras expresando su preocupación por el ambiente político que existe en nuestro país producto del paquete de reformas que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador mandó al Congreso de la Unión en el mes de febrero y que en los últimos dos meses se han venido aprobando sin el acuerdo, la consulta y el consenso de actores políticos llámense partidos representados en el mismo Congreso de la Unión, tampoco con aquellos actores que pueden ser perjudicados o beneficiados con estas reformas como son los ministros, los magistrados y los jueces del Poder Judicial y los titulares de los órganos autónomos, como lo son el de Transparencia, Competencia Económica, telecomunicaciones, el regulador del sector energético y el de evaluación de programas sociales.
Todas estas instituciones han venido funcionando como una coladera de contención ante el posible abuso del poder que pudiera tener el gobierno federal en el manejo de recursos públicos, la entrega de concesiones a medios de comunicación, el combate a los monopolios de empresas privadas, así como la protección de los datos personales de ciudadanos y funcionarios frente a los privados y al mismo gobierno federal.
Sin duda estas instituciones cumplen una función de contención, equilibrio, transparencia frente al poder público y que ahora se quieren desaparecer, lo que genera desconfianza en los mercados internacionales y en los futuros inversionistas en nuestro país.
Estas preocupaciones expresadas desde el sector financiero nacional e internacional deberían llamar a la cordura a la presidenta de la República, al Secretario de Hacienda, al Secretario de Economía, a los senadores y diputados para que revisen con mayor cuidado, información, consultando a expertos, funcionarios y sociedad civil de las implicaciones de estas reformas que vienen a romper un sistema de pesos y contrapesos en los diversos ámbitos de la vida económica, política, social, empresarial e internacional.
Si estas preocupaciones se convierten en realidades, vamos a tener importantes problemas económicos; como la falta de empleos, la falta de pago de impuestos de las empresas que quieren invertir en México, así como los impuestos que los trabajadores de esos trabajos que se abrirían pagarían, tendríamos una reducción en el crecimiento de nuestra economía, problemas con el consumo y por lo tanto un problema de desaceleración económica lo que en la calle le llamamos carestía y eso no es conveniente para este gobierno, ni mucho menos para la sociedad mexicana.
Pregunto a los que hoy gobiernan y legislan en nuestro país, que buscan construir con estos cambios, que están proponiendo, deberían de explicarnos, deberían de convencernos, deberían de considerarnos, porque esos cambios en su concepción pero sólo en su concepción tienen un objetivo y no los conocemos, déjenos entender que buscan, por qué no es esa vía la correcta para construir un Estado de bienestar social, se están equivocando y si la intención es construir un Estado nacionalista y socialista también se están equivocando, no es la vía, que no los engañen porque aún que votaron 36 millones de ciudadanos por ustedes no representan el 100% de la sociedad mexicana, hagan un alto en el camino, reflexionen un poco, valoren lo que están haciendo, expliquen que tratan de construir, mejorar, modificar y de transformar, porque construir un nuevo México debería ser un proceso incluyente y en los términos en los que se está planteando no está siendo positivo por el país.
Estamos frente a grandes desafíos más allá de este intento de cambiar instituciones que sin duda han tenido deficiencias, pero ustedes fueron constructores de ese proyecto y a eso hay que incluir el cambio climático, los desastres naturales, la migración, la seguridad; de verdad creen que sólo nos van a poder sostener este país.
El camino de la confrontación, el revanchismo y la venganza de clase, no es la salida para un país y más cuando el costo puede ser muy alto, no tenían derecho a equivocarse y parece que esa frase ya no la tienen presente.
No se trata de ir en contra de un proyecto que empodere a los ciudadanos, que le otorguen beneficios sociales, oportunidades de desarrollo humano, mejores condiciones de vida y esta no es la vía hay otras opciones y si se permitieran escuchar para mejorar, podríamos tener mejores resultados.
Qué estos funcionarios de bancos, analistas financieros o de calificadora expresen su opinión no es porque estén en contra, sino porque ahí veían oportunidades que ahora se están cerrando, es la economía política la que debe sostener nuestro país y no solo la política, la mala política que se está desarrollando. Esperemos que los funcionarios y congresistas en nuestro país rectifiquen y no permiten que nuestro país se deteriore más de lo que lo deterioró el neoliberalismo.
José Irán Moreno Santos
Presidente Fundación de Estudios Políticos Económicos y Sociales Progresista
