Con el referéndum sobre la anexión del Esequibo organizado el domingo pasado, el gobierno de Venezuela ha vuelto a erosionar las relaciones políticas en Sudamérica, una región que no sabe lo que es un conflicto armado internacional desde la Guerra del Cenepa de 1995, entre Ecuador y Perú. Como en aquella ocasión, las hostilidades que se han visto esta semana entre Venezuela y Guyana también han surgido por una disputa territorial, en este caso por el Esequibo, una zona de aproximadamente 160,000 kilómetros cuadrados, rica en recursos naturales y controlada por Guyana desde 1966, cuando esta nación obtuvo la independencia de Reino Unido.
Afortunadamente, todavía no se ha disparado ninguna bala y es muy probable que eso no suceda, pero la tensión fronteriza ha escalado notablemente con la movilización del ejército venezolano cerca de la región, por un lado, y la realización de maniobras aéreas conjuntas entre Guyana y Estados Unidos, por el otro. Estos últimos ejercicios militares han sido descritos como “rutinarios” por parte de ambos países, como para intentar quitarle hierro al asunto, pero el mensaje que manda la potencia norteamericana con ellos es que Estados Unidos pretende tener una participación activa en el conflicto, no solo por la vía diplomática sino también, de ser necesario, con presencia sobre el terreno. Un respaldo al gobierno guyanés que el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ya puso en palabras este jueves al manifestar el “apoyo incondicional” de Estados Unidos a la soberanía de Guyana.
A partir de aquí, el conflicto se convierte en una situación completamente asimétrica en contra de Venezuela, que ha intentado resolver por medio de la intimidación un problema que debe encontrar solución en las instancias internacionales correspondientes. Al mismo tiempo, esa relación desigual de fuerzas entre las dos partes revela que el inicio de las hostilidades por parte del gobierno de Nicolás Maduro responde sobre todo a un objetivo de política interna, con la mira puesta en las elecciones presidenciales que el Ejecutivo ha pactado con la oposición venezolana para 2024.
Sería absurdo para Maduro iniciar un conflicto internacional de estas dimensiones en un contexto de tanta disparidad, pero esta semana de tensiones le ha servido a su gobierno para perseguir a políticos opositores, acusándolos de conspirar en contra de Venezuela por tener vínculos con la empresa ExxonMobil, con presencia en el Esequibo. A través de la Fiscalía, institución que perdió su autonomía hace mucho tiempo, el gobierno se ha colgado de la situación y ha detenido ya a cinco colaboradores cercanos de María Corina Machado, la candidata unitaria del bloque opositor para los comicios del próximo año. Y también ha señalado a otros 13 políticos que podrían tener un encuentro con la justicia en los próximos días.
De la misma manera, la crisis del Esequibo podría servir a Maduro para declarar un tipo de estado de excepción que permita aplazar las elecciones hasta que el gobierno lo considere adecuado. No sería la primera vez que el Ejecutivo rompa acuerdos alcanzados con la oposición, algo que viene siendo una constante en la última década. De esta manera, el gobierno venezolano busca sacar rédito de un conflicto internacional que más que nada se entiende en clave nacional. Porque nadie amagaría con iniciar una guerra que no puede sostener, si no supiera que va a ganar unas cuantas batallas en el camino.
